Mié, 11/06/2019 - 13:00

El Defensor del Pueblo da la razón a Plena inclusión

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Javier votando, con apoyos, el pasado 28 de abril

El Defensor del Pueblo ha dado la razón a Plena inclusión España en su queja por una instrucción de la Junta Electoral Central (JEC), enviada el pasado mes de marzo, que resultaba discriminatoria hacia las personas con discapacidad intelectual. En la misma se habilitaba a apoderados e interventores de mesa para apuntar el DNI de las personas que consideraran que no ejercían su voto de forma libre, consciente y voluntaria. Esta semana, la Oficina del Defensor del Pueblo ha respondido positivamente a dicha reclamación.

En esta instrucción, que se envió antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril, la JEC habilitaba a interventores y apoderados de los partidos a solicitar el DNI de personas de las que sospecharan que no votaban de forma consciente, libre y voluntaria, y a reflejarlo en acta.
 
La comunicación del Defensor del Pueblo recomienda "que se revisen las instrucciones dictadas respecto a la aplicación de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) al objeto de evitar una interpretación discriminatoria de la misma respecto a las personas con discapacidad". En concreto, recomienda eliminar “la facultad de apreciación subjetiva de los miembros de mesa, interventores y apoderados de valorar el voto de esas personas”.
 
Asimismo, la carta del Defensor del Pueblo “valora los antecedentes de la queja y el informe remitido por Plena inclusión”, recomendando “que se evite una alusión injustificada y directa en el título (de la instrucción) que suponga una discriminación indirecta”. Esta era, precisamente, la principal demanda de Plena inclusión cuando, el pasado 19 de marzo, la JEC rectificó el primer texto de la instrucción, pero mantuvo la posibilidad de discriminación subjetiva.
 
El presidente de Plena inclusión España, Santiago López, agradece la sensibilidad mostrada por la institución del Defensor del Pueblo al respaldar “nuestro propósito de corregir una injusticia flagrante contra las personas con discapacidad intelectual”, un colectivo que en España superan las 250.000 personas.
 
Cabe recordar que la reforma de la LOREG, a finales del 2018, permitió que 100.000 personas incapacitadas judicialmente, en su mayoría con discapacidad intelectual, recuperaran su derecho al voto en España, unas 3.000 en Aragón. Todas ellas pudieron ejercer el sufragio activo por primera vez en las pasadas Elecciones Generales del 28 de abril, y podrán volver a hacerlo en la repetición electoral del próximo domingo.