Jue, 07/08/2021 - 13:30

Plena inclusión Aragón colabora en el plan de la discapacidad del Gobierno de Aragón

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Usuarios de Plena inclusión Aragón y miembros de Los que no se rinden, en una de las sesiones participativas para la elaboración del plan.

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El Gobierno de Aragón está planeando acciones para asegurar que se cumple la ley de derechos de las personas con discapacidad de Aragón.

Estas acciones se recogen en el Plan de acción integral para personas con discapacidad de Aragón.

La semana pasada terminó el proceso de participación para hacer este plan.

Un proceso de participación es un espacio en el que los ciudadanos proponen cambios para mejorar un plan o una ley de un gobierno.

En este proceso de participación han participado 112 personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión Aragón y de sus entidades.

Las entidades que han participado son: Atadi, Amibil, Valentia, Adisciv, Los que no se rinden y Adispaz.

Estas personas han aportado ideas para que las personas con discapacidad vivan mejor en Aragón.

Por ejemplo, la mayoría no sabe hacer algunos trámites administrativos relacionados con la discapacidad.

Piden que haya una oficina que los oriente.

Las familias de las personas con discapacidad tienen muchos gastos.

Piden más ayudas para evitar que sus familias sean más pobres.

También hablaron de accesibilidad, cultura, salud, educación y muchos temas más.

Ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual forma parte de la política de responsabilidad social de Plena inclusión Aragón.

La Fundación ONCE subvenciona el plan de responsabilidad social de Plena inclusión Aragón.
 

 

 

Plena inclusión Aragón y varias de sus entidades miembro han contribuido de manera decisiva a la redacción del I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 2021-2024, que está a punto de ver la luz. El plan, impulsado con carácter interdepartamental desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, será un instrumento para coordinar las políticas y medidas recogidas en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón.

El documento nace con el compromiso del Ejecutivo autonómico de incorporar la perspectiva de la discapacidad en toda la acción pública, bajo los principios de transversalidad, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y no discriminación. El objetivo final es impulsar el desarrollo de una sociedad más inclusiva y accesible.

Este verano, el Gobierno de Aragón ha sometido el borrador del plan a un proceso de participación, con la intención que las actuaciones públicas que se deriven del mismo resulten eficaces e inclusivas. Para ello, ha generado un espacio de debate y reflexión al que contribuyeron ideas hasta 40 entidades sociales y organizaciones que trabajan y representan a las personas con discapacidad y a sus familias.

A este debate se incorporaron también un total de 112 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas por Plena inclusión Aragón y varias de sus organizaciones, como Atadi, Amibil, Valentia, Adisciv, Los que no se rinden y Adispaz. Estuvieron apoyadas por profesionales que trabajan con este colectivo en dichas asociaciones.

Algunas de las propuestas de las personas con discapacidad intelectual se refieren a sus dificultades a la hora de relacionarse con la Administración pública. Por ello, proponen la creación de una oficia que los oriente, dada la complejidad que les plantea la realización de determinados trámites administrativos. También destacan que sus familias están sometidas a más gastos que la media, derivados de todos aquellos apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual, y que no cubren las prestaciones sociales. Por ello, piden más ayudas para evitar el empobrecimiento añadido de estas familias. También plentean medidas para mejorar la accesibilidad universal y para facilitar su acceso a la cultura, los servicios de salud o la educación, entre otros temas.

El I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 2021-2024 se estructura sobre la base de cuatro ejes. El primero, sobre gobernanza y participación, contempla el desarrollo de modelo de referencia para la atención y promoción de las personas con discapacidad, promover su participación e inclusión plena y efectiva y potenciar la colaboración público-privada con las entidades del tercer sector.

El segundo eje pretende asegurar el derecho a la autonomía personal con medidas para potenciar la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. El tercero trata de mejorar la atención sanitaria y social de este colectivo, buscando una respuesta integral para atender a sus necesidades específicas, así como garantizar su protección jurídica. Y las actuaciones que se contemplan en el cuarto tienen como finalidad seguir avanzando en la educación inclusiva en todas las etapas educativas.