Mié, 04/19/2023 - 12:15

Se necesitan 4000 pisos para cubrir la necesidad de vivienda de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

Notas de prensa

Valor:

0

Versión Lectura fácil:

Plena inclusión España pide al Gobierno
que tenga en cuenta a
las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo en
su política de vivienda.

La confederación exige a Gobierno
que apoye con esta medida
la aspiración legítima de
miles de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo
de lograr una vida independiente,
elegida y en comunidad.

Por eso, cifra en 4000 pisos
la necesidad estimada de viviendas
que se necesitan para cubrir
la demanda de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo
en todo el país.

Justo esta semana, Pedro Sánchez
ha anunciado que el Gobierno
va a poner a facilitar
en los próximos años
miles de pisos públicos
para personas que los necesiten.

También se ha hablado en los medios
de la propuesta de nueva Ley de Vivienda.

Plena inclusión lidera el proyecto
‘Mi Casa, una vida en comunidad’
con el que también se quiere demostrar
que es posible la vida autónoma
de personas con discapacidad intelectual
y más necesidades de apoyo.

 

 

  • Plena inclusión cifra así la demanda estimada por parte de este colectivo respecto a un parque de vivienda social suficiente que garantice vidas independientes y elegidas
  • La confederación que defiende los derechos de 150.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias reclama que se las tenga en cuenta en la nueva Ley de Vivienda y en las políticas anunciadas por el Gobierno estatal

Plena inclusión estima que en la actualidad la demanda de vivienda para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo exige la creación de un parque de vivienda social de al menos 4000 pisos. Las dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, hace prácticamente imposible el tránsito de las personas con más necesidades de apoyo a vivir en comunidad.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, exige al actual Gobierno una mayor sensibilidad ante esta demanda social, justo en la semana en la que el presidente del Ejecutivo ha anunciado el propósito de adjudicar 50.000 viviendas públicas para colectivos que lo necesiten. “La vivienda y los apoyos para la vida independiente son el futuro de los sistemas de servicios sociales. La Ley de Vivienda y la revisión del Sistema de Dependencia deben articular apoyos personalizados en comunidad, flexibles y suficientes en viviendas que cuenten con las condiciones exigibles de accesibilidad cognitiva”. Este avance debería completarse, dicen desde Plena inclusión, con el correspondiente desarrollo normativo para generalizar este derecho.

Desde Plena inclusión, la confederación que agrupa a 950 asociaciones de todo el país -40 de ellas en Aragón- que defienden los derechos de más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, parálisis cerebral y otros) y sus familias, se recuerda que la aspiración de la mayoría de estas personas se proyecta en una vida independiente, tanto entre aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo como entre quienes no las presentan.

El proyecto ‘Mi Casa, una vida en comunidad’, financiado por la Unión Europea y patrocinado por el Gobierno español dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, está validando nuevas soluciones de apoyo que promueven la vida independiente, la inclusión comunitaria y la contribución social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Las carteras de servicio de la dependencia no sirven para responder a las necesidades de las personas pues a veces promueven la dependencia y la institucionalización. La imposibilidad de acceder a una vivienda es otro gran obstáculo.

Para la presidenta de Plena inclusión España: “Una verdadera sociedad inclusiva, donde se promueva un nuevo enfoque sobre la política de los cuidados debe hacerse posible en un espacio comunitario en el que todas las personas puedan desarrollar vidas elegidas. La exclusión residencial del colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo es un problema que debe ser abordado en la Ley de Vivienda haciendo efectivo el derecho a la vivienda y reduciendo las listas de espera”.