Este contenido está en lectura fácil.Plena inclusión muestra su rechazo a la directriz de la Junta Electoral Central que discrimina a las personas con discapacidad
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La JEC permitirá a interventores o apoderados apuntar en las mesas electorales el DNI de las personas con discapacidad que consideren que no ejercen su derecho de forma consciente, libre y voluntaria
La confederación, que agrupa a 900 entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, denuncia que se viola la Convención de Naciones Unidas
Plena inclusión España, la confederación que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, denuncia por discriminatoria la directriz de la Junta Electoral Central (JEC) que afecta a las personas con discapacidad.
Tal y como aparece en el Boletín Oficial del Estado del día de hoy (se adjunta una copia en PDF de las páginas que hacen referencia a este asunto), la JEC permitirá a interventores y apoderados de los partidos apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.
Desde Plena inclusión se califica como arbitraria una decisión que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, “puesto que permite sospechar a interventores y apoderados sobre la manipulación de la voluntad de las personas con discapacidad en la decisión de votar, pero no del resto de los votantes”.
“No podemos aceptar directrices que generan sombra de dudas y son claramente discriminatorias sobre un grupo de electores por razón de discapacidad. El espíritu de la reforma de la LOREG es velar por el voto libre y consciente de cualquier persona y no de ningún colectivo. Directrices como esta emergen el estigma y la discriminación que sigue operando en nuestra sociedad”, asegura Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
Desde esta confederación, que trabaja en todo el Estado con un colectivo cercano a las 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se exige a la Junta Electoral Central que explicite los motivos que le han llevado a lanzar esta directriz, “ya que supone un retroceso respecto al gran logro conseguido, en octubre de 2018, con la reforma de la Ley Electoral”. Gracias a dicha reforma, 100.000 personas con discapacidad podrán votar por primera vez en los comicios del próximo 28 de abril.