Este contenido está en lectura fácil.Durante todo el mes de junio de 2017, Plena inclusión lanza la campaña TodosSomosTodos
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Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar a más de 63.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo y sus familias, un colectivo que no puede ejercer sus derechos como el resto.
Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar a más de 63.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo y sus familias, un colectivo que no puede ejercer sus derechos como el resto.
Plena inclusión, con la colaboración del INICO (Universidad de Salamanca) ha realizado un estudio sobre la situación de estas personas y sus familias en España y reclama más oportunidades para que no se vean relegadas a estilos de vida asistenciales, segregados y con pocos incentivos vitales.
Plena inclusión Aragón realizó un estudio sobre 50 personas con discapacidad intelectual con problemas de conducta en 8 de sus entidades miembro de Zaragoza Huesca y Teruel, del que se extrajo información relevante respecto a las necesidades de recursos requeridos para su atención, su grado de discapacidad o dependencia o el desconocimiento de las unidades de psiquiatría de este perfil de población.
Zaragoza 02/06/2017. En España hay 63.610 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que tienen grandes necesidades de apoyo. Son personas con trastornos de salud mental o conducta, problemas de movilidad, dificultades de comunicación u otras discapacidades asociadas a su discapacidad intelectual. Personas invisibles de las que apenas se habla ni se tienen datos, y que se caracterizan por necesitar apoyos intensos en una gran parte de actividades que suponen el bienestar de cualquier persona: el cuidado personal, la vida en el hogar y en la comunidad, las relaciones sociales, la educación, el ocio, el empleo…
Durante este mes de junio, Plena inclusión va a lanzar una campaña de sensibilización para hacer visible la realidad de estas personas y la de sus familias, mostrar sus diferentes situaciones vitales y reivindicar el pleno ejercicio de sus derechos. Lo hará a través de la organización de 4 jornadas en diferentes sitios de España –una de las cuales contará con Beth Keeton, experta internacional en Empleo para este colectivo–, y con la difusión de datos significativos de su estudio, reivindicaciones relacionadas con la situación de discriminación de estas personas y sus familias, y una serie de “historias de vida” que relatan casos particulares. Todo ello se compartirá en redes sociales con la etiqueta #TodosSomosTodos.
Plena inclusión viene orientando buena parte de su labor a estas personas desde que el año pasado lanzara un posicionamiento relacionado con sus derechos y su visibilidad (enlace). En el mismo reconoce “la dignidad y el valor inherente de todos los seres humanos” y afirma que se ha instalado una importante brecha en el ejercicio efectivo de los derechos de estas personas. Por ello, adquiere el “compromiso inquebrantable de favorecer la incorporación real de todas las personas, sean cuales sean sus necesidades de apoyo”.
Los datos del Estudio de Plena inclusión revelan que la mayoría de estas personas (52,7%) vive en centros residenciales. Del resto, otra gran parte vive con familiares, como demuestra el hecho de que las familias soportan un sobreesfuerzo económico de 47.129 euros anuales por el coste y la pérdida de oportunidades que ocasionan los cuidados de su familiar.
El estudio también ofrece datos muy reveladores sobre las significativas dificultades que este colectivo tiene en ámbitos como la salud, el autocuidado, las relaciones personales y la inclusión social. En concreto, casi la mitad de estas personas perciben su salud como regular, mala o muy mala, y existe entre ellas una incidencia mucho mayor de enfermedades crónicas. Un 98,6% requiere cuidados personales, y un 71% tiene dificultades para el cuidado de su propio cuerpo.
Junto a ello, un 62% tiene dificultades para relacionarse con personas desconocidas y un 38% carece de amistades. Más de la mitad de este colectivo vive en instituciones, es decir en entornos segregados en los que las prácticas profesionales ofrecen menores oportunidades para la autodeterminación y participación, bajo la percepción de que su inclusión es una meta muy difícil de alcanzar.
Estos y otros muchos datos sobre educación, ocio, empleo, familia, etc. que Plena inclusión irá ofreciendo durante esta campaña, desvelan las grandes dificultades que tienen estas personas para incorporarse de manera activa y significativa a la sociedad.
ESTUDIO SOBRE PROBLEMAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL & PROBLEMAS DE CONDUCTA EN ARAGÓN DE PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
Plena inclusión Aragón realizó en 2014 – 2015 un estudio sobre esta realidad con una muestra de 50 personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta atendidas en 8 entidades miembro de Plena inclusión Aragón de Huesca, Zaragoza y Teruel.
Los resultados y conclusiones permiten dibujar una realidad que por sus peculiaridades y aristas, inquieta de forma especial a muchas entidades: las personas con discapacidad intelectual y graves problemas de conducta.
¿Cómo hacer frente a estos casos? ¿Con qué medios materiales y de personal se debe contar? ¿Existen procedimientos o protocolos de actuación comunes que resulten eficaces? Preguntas, en muchos casos, difíciles de responder y de resolver, que han motivado una primera pregunta, un primer acercamiento respondiendo a la pregunta: ¿Cuántos casos de personas con discapacidad y problemas graves de conducta se están atendiendo en las 36 Entidades miembro de Plena inclusión en Aragón?
Por una parte, la primera conclusión que puede extraerse de este estudio es que la atención al colectivo de personas con discapacidad intelectual con problemas graves de conducta asociados implica mayores necesidades de recursos personales e infraestructuras que la atención a este mismo colectivo cuando no presenta problemas de conducta. Así mismo, dentro de los que presentan conductas problemáticas, las necesidades de recursos para la atención se incrementan enormemente en el caso de que los problemas de conducta sean de carácter generalizado. Sin embargo, las Entidades de atención a personas con discapacidad intelectual adolecen de falta de recursos específicos, tanto de personal como de infraestructuras que poder destinar específicamente a la atención de este tipo de casos.
Al analizar los certificados, tanto de dependencia como el del reconocimiento del grado de discapacidad se observan muchas incongruencias. Así, existen muchas personas usuarias con grados de discapacidad reconocida, por encima del 70 u 80% que, sin embargo, no se les ha reconocido la dependencia o se ha hecho en un grado I. Esto probablemente responde a que la valoración de dependencia continúa teniendo muy en cuenta la discapacidad más física, la que tiene que ver con la dependencia de otras personas para la movilización, el comer… algo que no es tan evidente en las personas con discapacidad intelectual, aunque su dependencia de otras personas en muchos aspectos es muy significativa.
El estudio ha permitido constatar, que entorno al 50% de los usuarios con discapacidad intelectual y roblemas de conducta asociados, también tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Sin embargo, a la hora de adjudicar los servicios en estos casos, se ha primado la discapacidad intelectual y han sido derivados a este tipo de centros, que no cuentan con los recursos personales, físicos y materiales que serían adecuados para dar la mejor atención a este colectivo específico.
En cuanto a los diagnósticos que aparecen en los certificados, se ha visto que en muchos casos son muy antiguos y no han sido revisados, por lo que no se tiene en cuenta si la situación ha variado, si se ha agravado, si han aparecido otras patologías no contempladas en el primer diagnóstico.
Una carencia reseñada por todos los profesionales que atienden en las entidades a este colectivo es el hecho de que en muchas unidades de psiquiatría se desconoce la realidad de la discapacidad intelectual y la especificidad de su sintomatología lo que provoca que, en muchos casos se “enmascaren” síntomas psiquiátricos justificándolos por la discapacidad intelectual.
La experiencia de los profesionales de los centros de atención directa al trabajar con el colectivo de personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta o enfermedad mental asociada, evidencia la necesidad de trabajar de forma coordinada entre los equipos de psiquiatría y los profesionales de los centros que atienen a estos usuarios. De los datos del estudio se extrae que, especialmente en el caso de personas con discapacidad con problemas de conducta generalizados, un alto porcentaje de usuarios reside en el centro residencial de la entidad, lo que implica que sea atendido por los profesionales de la misma las 24h, por lo que la información sobre la sintomatología, la evolución, la conducta… aportada por estos profesionales proporcione una información muy valiosa a los especialistas que atiendan a esos mismos usuarios desde las unidades de psiquiatría.
Desde Plena inclusión Aragón se considera que este estudio constituye un gran paso hacia delante en lo que se refiere a mejorar la atención a un colectivo con especiales dificultades de inserción debido a la problemática asociada a su discapacidad intelectual. Toda la problemática asociada dificulta la atención y, al mismo tiempo, repercute en mayores dificultades de inclusión social y laboral.