Carmen Susín, la nueva consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, asiste a la junta directiva de Plena inclusión Aragón
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Este jueves, 7 de septiembre, la junta directiva de Plena inclusión Aragón ha celebrado una reunión, que ha contado con la presencia de la nueva consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que ha visitado las instalaciones de la organización. Susín ha asistido al encuentro acompañada por el nuevo gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val. Se trata de una primera toma de contacto de estos dos dirigentes autonómicos, recién estrenados en sus nuevos cargos, con el equipo de gobierno de la asociación mayoritaria de entidades sociales aragonesas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
«De este modo, le podemos trasladar a la consejera las inquietudes de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y las entidades que les dan apoyo», ha explicado Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón. «De la nueva consejería esperamos, sobre todo, interlocución. Hay muchos temas pendientes, ya que después de la pandemia se han quedado en el tintero muchas cosas que estaban empezando a trabajarse, como son la vida en comunidad, la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad o la situación económica de las entidades… Eso está todo en el aire. Todavía no hay nada solucionado, y lo que esperamos es empezar a dialogar y a trabajar conjuntamente desde la consejería y nuestra federación. Nos ponemos a su disposición para solucionar estos problemas, llegando a acuerdos».
«La igualdad debe prevalecer sobre las diferencias y las personas más vulnerables deben recibir protección y amparo». Con estas palabras ha expresado Carmen Susín el compromiso del Gobierno autonómico con la labor de las asociaciones y organismos que forman parte de Plena Inclusión Aragón, una organización cuya agenda en común con el Ejecutivo tiene como objetivo que las personas con discapacidad intelecutal y del desarrollo tomen decisiones, tengan más autonomía y avancen en derechos.
En el transcurso de la reunión de la junta directiva, la consejera ha tenido oportunidad de detallar las prioridades de su departamento en el corto y medio plazo, y de escuchar en primera persona las preocupaciones y peticiones de este movimiento asociativo. «Venimos a escuchar. Esto es lo que tenemos que hacer», ha asegurado Susín. «Queremos conocer de primera mano las demandas de las entidades y buscar soluciones de manera conjunta» a través de «proyectos de vida independiente».
Susín ha agradecido a las entidades que forman parte de Plena Inclusión su «decisión y valentía» para defender «como ciudadanos de pleno derecho» a quienes resultaron «invisibles» en un pasado reciente para la sociedad, y ha destacado en su intervención la voluntad del Gobierno de acompañar e impulsar los proyectos de vida de los aragoneses que conviven con una discapacidad: todos ellos, incluidos sus familiares y redes de apoyo, conforman un colectivo prioritario que siempre encontrará abiertas las puertas de la Consejería de Bienestar Social y Familia y el IASS.
En este encuentro, la consejera Carmen Susín ha abordado el desarrollo de la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón y la modificación del código de Derecho Foral aragonés para adaptarlo a la nueva situación jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Además, ha manifestado la voluntad del Gobierno de reforzar los itinerarios de inserción social y los programas específicos de vivienda y apoyo a la vida independiente de los aragoneses que tienen discapacidad.
Esta primera reunión con los directivos de Plena Inclusión Aragón ha servido para poner en común objetivos y afianzar espacios de colaboración. Proyectos compartidos entre el Ejecutivo y Plena Inclusión Aragón, como el programa Gobierno Fácil, que ha sido reconocido este miércoles como mejor iniciativa regional europea en el año 2023 por la Alianza de Gobierno Abierto en Tallín, Estonia, seguirán desarrollándose para mejorar las condiciones de accesibilidad cognitiva a la información administrativa en la comunidad.