Plena inclusión demanda a la ministra María Jesús Montero la mejora del acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público

Plena inclusión demanda a la ministra María Jesús Montero la mejora del acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público

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• Tras 10 años de experiencia positiva solo se han cubierto 711 de las convocatorias específicas cuando en este tiempo hubo 13.000 candidatos que se examinaron
• Con una tasa de actividad del 17’6 % (datos INE), las personas con discapacidad intelectual son las que tienen más dificultades para conseguir un puesto de trabajo

Madrid, 29 de diciembre de 2022.- Las personas con discapacidad intelectual son las que se topan en nuestro país con más barreras para optar a un puesto de trabajo. Según los datos del INE más recientes, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual alcanza solo un 17’6%. Esta realidad lleva a Plena inclusión a exigir al Ministerio de Hacienda y Función Pública la mejora del acceso al empleo público, tal y como marca la legislación española, que garantiza una reserva del 2% de estos puestos para personas con discapacidad intelectual. Otro dato preocupante indica que desde que, en 2012, año en el que se celebró la primera convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual, solo se han ofertado 711 plazas para la Administración General del Estado, pese a que se han presentado a los exámenes más de 13.000 aspirantes.

“Le solicitamos a María Jesús Montero que promueva desde su ministerio nuevas oportunidades para que el acceso al derecho al empleo, también al empleo público, mejore sustancialmente para las personas con discapacidad intelectual”, demanda la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, en un mensaje dirigido a la responsable de la Dirección General de Función Pública, que hace extensivo a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pese a la buena voluntad expresada tanto en reuniones con Plena inclusión como en pronunciamientos públicos por parte de la Administración General del Estado, no se ha conseguido “desatascar” el colapso que impide la convocatoria de nuevos exámenes desde 2018, lo que provoca que cientos de plazas anunciadas no se hayan cubierto aún.

El compromiso de las diferentes administraciones públicas ha permitido generar un número mayor de convocatorias específicas, tanto a nivel estatal, autonómico como local. Y esto resulta de gran valor ya que el empleo, ya sea público o privado, es una vía primordial hacia la inclusión. Sin embargo, la confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan, en todo el Estado, a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias plantea tres reivindicaciones fundamentales ante las distintas administraciones:

• Aumentar el número categorías profesionales, en la función pública, a las que pueden optar las personas con discapacidad intelectual. De momento solo tienen derecho a presentarse a la de Tareas Complementarias de Apoyo.
• Garantizar para estas personas procesos adaptados de promoción interna.
• Formación permanente y apoyos suficientes para la adaptación a los puestos a los que acceden tras aprobar las oposiciones.