Este contenido está en lectura fácil.Naciones Unidas reconoce la importancia del derecho a la accesibilidad cognitiva
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- Plena inclusión Aragón celebra una resolución de la ONU que promueve la “comunicación fácil” y afirma que la falta de accesibilidad cognitiva “afecta al ejercicio de los derechos humanos y la inclusión en la sociedad”
- El organismo internacional aboga por que las personas con discapacidad “tengan un papel de liderazgo en el desarrollo e implementación de políticas, servicios y productos para una comunicación fácil de entender”
Plena inclusión, la confederación que agrupa a 950 asociaciones que defienden los derechos de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, destaca el paso dado en la Asamblea General de Naciones Unidas al aprobar una resolución que anima a “promover e incorporar la comunicación fácil de entender para la accesibilidad de las personas con discapacidad”.
La decisión, adoptada el 16 de diciembre dentro de su 77º periodo de sesiones, supone en opinión de Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España: “un espaldarazo a las reivindicaciones que durante los últimos años venimos haciendo desde Plena inclusión y el Cermi, que reclaman la necesidad de legislar, desarrollar y aplicar medidas efectivas de accesibilidad cognitiva que garanticen la comprensión de la información, reduzcan la brecha digital y ofrezcan mayores oportunidades de participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la vida política y pública de nuestro país”.
Esta importante resolución ha sido impulsada por 9 países: Argentina, Brasil, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Grecia, Guatemala, Filipinas y Portugal. En ella -haciendo alusión a la Convención sobre Derechos de las personas con discapacidad y a resoluciones anteriores de Naciones Unidas-, la ONU recuerda que aún existen barreras en el ámbito de la información, tecnologías y sistemas de comunicaciones, que “pueden impedir la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad”, destacando la “urgente necesidad de cerrar las brechas digitales, y de garantizar que los beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones , estén disponibles para todos”.
Por ello, incide en la necesidad de “identificar y eliminar los prejuicios, la discriminación, los obstáculos y las barreras que limitan el acceso de las personas con discapacidad a la información y las comunicaciones”, ya que la “accesibilidad insuficiente o la falta de comunicación afecta al ejercicio de los derechos humanos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad”. En concreto, insta a los estados miembro a que adopten las medidas necesarias para garantizar que estas personas “puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, incluso en la vida pública, política, económica, cultural, social y familiar” y puedan también “ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas”.
Además, reconoce que las personas con discapacidad intelectual “deben tener un papel de liderazgo en el desarrollo e implementación de políticas, servicios y productos para una comunicación fácil de entender”, y que sus organizaciones de referencia “han de ser consultadas estrechamente y participar activamente en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles”.
Un derecho reconocido, pero no efectivo
En España, el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a través de su Plataforma Estatal de Representantes impulsada por Plena inclusión, ha logrado importantes pasos en el desarrollo de políticas que aseguren que la información y los servicios públicos sean más fáciles de entender. A finales de 2021, el Congreso aprobó la reforma de la Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoció por primera vez la accesibilidad cognitiva. Este 2022, el Gobierno ha creado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) que depende de Real Patronato sobre Discapacidad, y que está siendo apoyado por Plena inclusión.
No obstante, estas medidas aún deben tener un importante desarrollo para asegurar la plena participación de las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral en la vida política y pública, tal y como ordena el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.