Este contenido está en lectura fácil.Este 3 de diciembre, Plena inclusión Aragón reclama a la Administración que la financiación que reciben las entidades se ajuste al coste real de la prestación de los servicios
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- La inflación desbocada se suma a la infrafinanciación enquistada desde hace años, por lo que el aumento real del coste plaza estará muy por encima del aumento de la dotación previsto por el Gobierno de Aragón para el año 2023, fijado en el 1,5%
Zaragoza, 01/12/2022. El próximo sábado, 3 de diciembre, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, una fecha para celebrar y reivindicar. Plena inclusión Aragón, junto al resto del movimiento asociativo de Plena inclusión, que lucha por los derechos de casi 300.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, síndrome de Down y parálisis cerebral) y sus familias en toda España, festeja los avances conseguidos en los últimos años. Varios cambios legislativos han hecho realidad viejas demandas del colectivo: la recuperación del derecho al voto, la prohibición de la esterilización forzada, el fin de la incapacitación judicial total…
Pero, lejos de la autocomplacencia, estos logros animan a sus más de 900 entidades, 40 de ellas en Aragón, a seguir trabajando por el bienestar de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Para seguir avanzando, resulta imprescindible que estas personas puedan contar con una sólida red de apoyos que les permita su pleno desarrollo personal y su inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
Por ello, coincidiendo con la celebración del 3 de diciembre, Plena Inclusión Aragón quiere alertar sobre el riesgo de colapso económico que amenaza a las entidades sin ánimo de lucro que prestan dichos apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias, si no se aplican medidas que garanticen su sostenibilidad. Estas organizaciones se ven limitadas por los enormes gastos que asumen para poder prestar en condiciones óptimas de calidad los servicios cuya prestación tienen encomendada por las administraciones públicas.
Si bien este peligro no es nuevo, la desbocada inflación del último año no ha hecho sino agravar una situación de infrafinanciación enquistada desde hace años. Si antes de la pandemia y de la guerra de Ucrania, el coste real de muchos de estos servicios ya excedía el precio que la Administración paga a las entidades sociales a cambio de su prestación, la acusada subida de precios de los suministros (alimentación, energía…) y del salario mínimo está haciendo inviable la supervivencia de algunas de estas organizaciones. Su cierre supondría que muchas personas con discapacidad y sus familias se quedarían sin recibir los apoyos y servicios a los que por ley tienen derecho.
Esta infrafinanciación pública del precio por plaza, muy por debajo de su coste real, es especialmente sangrante en los servicios residenciales y centros de día. Pero afecta al conjunto del sector de apoyos a la discapacidad intelectual, muy precarizado, que ha afrontado y sigue afrontando la pandemia en primera línea, con una importante falta de liquidez, pese al aumento de gastos que también supusieron las medidas para contener la expansión del coronavirus.
A estas cantidades hay que sumar otro gasto imprevisto que ha ahondado el problema del balance negativo en las entidades sociales que prestan servicios a la discapacidad. La judicialización del convenio colectivo del sector ha dado como resultado una sentencia que obliga a estas organizaciones a incrementar los costes salariales. Pero este aumento no estaba previsto en los acuerdos de financiación a los que llegaron la Administración autonómica y el sector para el año 2022, con lo que estos nuevos costes laborales no estaban contemplados.
Esta realidad hace evidente que el sector de la discapacidad intelectual necesita un incremento de la financiación pública que recibe, muy por encima del aumento previsto por el Gobierno de Aragón para el año 2023, fijado en el 1,5%.
Por último, pero no por ello menos importante, este 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad, Plena inclusión Aragón reclama la necesidad de avanzar en determinadas políticas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de este colectivo, pero que actualmente están paralizadas o en retroceso, como el desarrollo la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad. Otro ejemplo serían las políticas de empleo específicas para este sector de la sociedad. El hecho de que solo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual capacitadas para trabajar tenga un empleo justifica la necesidad de reorientar las actuaciones en materia de inclusión laboral.