Plena inclusión propone un nuevo modelo residencial para las personas con discapacidad intelectual

Plena inclusión propone un nuevo modelo residencial para las personas con discapacidad intelectual

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  • Plena inclusión Aragón coordina, junto al Gobierno autonómico, una experiencia piloto de viviendas integradas en la comunidad para extraer aprendizajes orientados a la transformación de la normativa y los catálogos de servicios sociales

Madrid / Zaragoza, 29/06/2022. El Gobierno ha logrado el apoyo mayoritario del Consejo Territorial de Servicios Sociales a su acuerdo de acreditación de centros, que promueve residencias de menor tamaño, con más personal, habitaciones individuales y apoyos más personalizados, para transitar hacia un modelo de cuidados más humanizado y acogedor.
Plena inclusión aplaude esta decisión, y la mejora que supone en la vida de las personas que actualmente viven en macroresidencias y grandes instituciones. No obstante, apuesta por un modelo más ambicioso que pueda promover la transición de entornos residenciales hacia viviendas en la comunidad, en donde las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral, tengan oportunidades de relacionarse con su vecindario, y acudir a comercios, asociaciones, y lugares de ocio en la comunidad.

Asimismo, recuerda que este acuerdo ha de estar dotado de recursos suficientes, como ya solicitó hace unas semanas Plena inclusión para asegurar la sostenibilidad de sus entidades, y paliar los sobrecostes que están poniendo en riesgo a un sector esencial para la defensa de los derechos recogidos en la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, como este de acceso a la vida independiente en comunidad (artículo 19).

En este sentido, desde 2018, Plena inclusión desarrolla un proyecto de innovación social denominado ‘Mi Casa, una vida en comunidad’. Este proyecto, con carácter experimental, promoverá un modelo de cuidados en el que las personas realizan esa transición desde residencias a viviendas en vecindarios de pueblos y ciudades, con apoyos individualizados. Sin embargo, no solo busca ese mero traslado, sino acompañarlo de apoyos y relaciones estables en esos barrios para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En este sentido, este modelo desarrolla nuevas figuras como las de “conectores comunitarios”, cuyo papel es trabajar con el entorno cercano a esas viviendas para favorecer esta inclusión.

El proyecto ‘Mi Casa, una vida en comunidad’ forma parte de la estrategia #GanamosEnComunidad, acordada recientemente en el Congreso de Plena inclusión celebrado en Valencia, y cuenta con el apoyo de los Fondos Europeos de Recuperación NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aplicado por el Gobierno. En los próximos 2 años, pondrá en marcha un total de 66 viviendas en la comunidad, en la que 284 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tendrán la oportunidad de vivir en 33 pueblos y barrios de siete comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Canarias).

LA EXPERIENCIA, EN ARAGÓN
De los 25 millones de euros con los que cuenta el proyecto en toda España, 2,5 serán gestionados por Plena inclusión Aragón, que coordina a las cuatro entidades participantes en esta comunidad: Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós. Algo que no habría sido posible sin la total implicación de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, pues el fin último es investigar si el nuevo modelo impacta de forma positiva en la calidad de vida de las personas usuarias, y su viabilidad económica, con el fin de transformar la normativa y los catálogos de servicios sociales.

Si la experiencia piloto es positiva, el Ejecutivo aragonés se ha mostrado favorable a continuar trabajando en esta línea, más allá del fin del proyecto. De hecho, ha adquirido el compromiso de seguir manteniendo las viviendas a partir del año 2024, sufragando por esta vía las plazas residenciales que corresponden a las 26 personas que, en octubre, se mudarán desde sus residencias a viviendas ordinarias. Además, 30 usuarios de centros y servicios diurnos desarrollarán sus planes de vida en comunidad.

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