Este contenido está en lectura fácil.Los centros especiales de empleo demandan un plan de choque ante la subida del SMI y la entrada en vigor de la reforma laboral
Este contenido NO está adaptado a Lectura Fácil
- Plena inclusión y la patronal AEDIS alientan a las administraciones públicas a que tomen medidas para garantizar la sostenibilidad de miles de empleos de personas con discapacidad
- El incremento del salario mínimo va a tener también un gran impacto en el coste de las plazas asistenciales en residencias y centros de día que atienden a personas con discapacidad intelectual, por lo que Plena inclusión Aragón reclama una subida del precio por plaza que las entidades reciben de la Administración
Zaragoza / Madrid, 22/02/2022. El Consejo de Ministro acaba de aprobar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en 14 pagas. Coincidiendo con esta decisión, el movimiento asociativo de Plena inclusión y su patronal AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad) alertan de la presión a la que están sometidos los centros especiales de empleo (CEE) que ofrecen trabajo a las personas con mayores necesidades de apoyo: personas con discapacidad intelectual, TEA, parálisis cerebral, síndrome de Down, etc. Ambas organizaciones, con una alta representatividad en este sector, valoran los avances que suponen para los derechos de las personas trabajadoras tanto la subida del SMI como las mejoras de las garantías que incluye la reforma laboral aprobada por el Congreso hace unas semanas. Porque dignificar salarios, mejorar la estabilidad en el empleo y la cualificación profesional son objetivos que apoya el sector.
No obstante, estos avances deben ir acompañados de la puesta en marcha, desde las administraciones públicas, de un paquete de medidas que se hacen cada vez más urgentes porque la situación financiera de estos centros es delicada.
• Evaluación del impacto que el incremento del SMI puede tener en los CEE y en el empleo de las personas con discapacidad.
• Aumento de las subvenciones a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad con mayores necesidades de apoyo al 75% (ahora está en el 55%).
• Adaptación de las normativas de las comunidades autónomas para que las personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo sean destinatarias finales de los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
• Plan de inversión para la transformación del sector y adecuación de sus procesos productivos, incluyendo la transformación digital y la transición medioambiental.
• Activación de los PERTES del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y facilidades para que los CEE sean receptores de dichas inversiones.
• Planes de formación y cualificación adaptados a las personas con discapacidad.
• Procesos de jubilación adaptada a las personas con discapacidades del desarrollo que se hacen mayores, especialmente para las que presentan procesos de envejecimiento prematuro, como las personas con síndrome de Down.
• Planes específicos dirigidos a promover la contratación de mujeres con discapacidad, ya que ellas que tienen incluso más dificultades de acceso a un trabajo estable y digno.
“Los CEE de nuestro entorno son la principal herramienta para generar trabajo estable y decente para las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo. Precisamente por ello, desde nuestra naturaleza de iniciativa social necesitamos el soporte necesario para seguir cumpliendo esa función con criterios de sostenibilidad”, explica Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.
Hay que recordar que los Centros Especiales de Empleo son empresas donde al menos el 70% de la plantilla presenta alguna discapacidad con grado igual o superior al 33%. En concreto, en el caso de los CEE del ámbito de Plena inclusión y AEDIS, la mayoría de los trabajadores son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, un colectivo con gran vulnerabilidad y con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.
“Nuestros hijos e hijas precisan de apoyos intensos para alcanzar empleos dignos, ya sea a través de los centros especiales de empleo de iniciativa social, el empleo con apoyo o el empleo público. Y en este contexto donde muchos trabajos están en riesgo ellos se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”, concluye Santiago López, presidente de Plena inclusión.
Además, otra de las repercusiones del aumento del SMI para el sector de la atención a la discapacidad intelectual va a ser el consecuente incremento del coste de las plazas asistenciales concertadas con la Administración autonómica. Una parte significativa de las plantillas de los centros de día, pisos tutelados y residencias que prestan servicios de cuidados a este colectivo cobra el salario mínimo. Por lo que el coste de las plazas a las que tienen derecho las personas usuarias aumentará en paralelo a los sueldos de sus cuidadores.
Por ello, Plena inclusión Aragón reclama al Ejecutivo autonómico una subida del precio de las plazas contratadas o concertadas por el IASS con sus entidades miembro para la prestación de servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual. Cabe recordar que todas estas entidades de iniciativa social carecen de ánimo de lucro, y solo piden poder cubrir el coste real de la prestación de estos servicios.
La federación autonómica de Plena inclusión Aragón también reclama al Gobierno de España que aporte el porcentaje al que se comprometió para financiar las prestaciones y servicios vinculados a la ley de la dependencia, que hasta ahora viene asumiendo la comunidad autónoma en un porcentaje superior al que le corresponde, y que tenga en cuenta la dispersión demográfica característica del territorio aragonés a la hora de calcular los costes reales de estos servicios.