Este contenido está en lectura fácil.Plena inclusión Aragón y la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa analizan las claves de la mayor reforma legal sobre discapacidad de los últimos años
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- El cambio de las leyes civiles y procesales sobre capacitación jurídica centra un encuentro organizado el jueves, 30 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Centro Joaquín Roncal
- La aplicación de la reforma en Aragón resulta especialmente compleja, ya que en algunos aspectos es incompatible con el Derecho Foral aragonés
- Los ponentes estarán a disposición de los medios de comunicación desde media hora antes de la celebración del evento
Zaragoza 28/09/2021. Plena inclusión Aragón y la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa celebran este jueves una charla para explicar la reciente modificación de las leyes civiles y procesales que regían la capacitación jurídica de miles de personas con discapacidad. La Ley 8/2021 es la mayor reforma legal que afecta a este colectivo acometida por España en los últimos años, y ha implicado una profunda renovación de diversas normas de ámbito estatal como el Código Civil (aplicable únicamente en los territorios que no cuenten con normas civiles propias), la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entre otras.
El cambio, que entró en vigor el pasado 3 de septiembre, supone una transformación radical en algunos aspectos de la vida de aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con la capacidad modificada jurídicamente. Así, estas podrán disponer de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de la población, evitando influencias indebidas en ese proceso, tal y como prescribe la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La reforma ha eliminado las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, contrarias a la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema de Justicia debe proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.
El objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España en 2008, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y proscribe la discriminación en este ámbito.
Además, se prohíbe que entidades de apoyo a personas con discapacidad actúen como juez y parte, es decir, que se les autorice a ser tutoras y a ofrecer otros servicios.
El evento está dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familiares, los profesionales que les atienden y operadores jurídicos. Se celebrará el próximo jueves, 30 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC de Zaragoza.
La directora provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Encarna Bendicho, dará la bienvenida junto a Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón, y Luis Gonzaga, presidente de la Fundación Luis de Azúa. Darán paso a Inés de Araoz, coordinadora del área jurídica de Plena inclusión España y una de las mayores expertas en esta reforma.
Después, Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, abogará por la necesaria actualización del Derecho Foral aragonés para dotar de seguridad jurídica a los afectados por la nueva legislación estatal en esta comunidad autónoma. El Código aragonés de Derecho Foral, aplicable a quienes ostentan la vecindad civil aragonesa, no siempre regula el ámbito de la capacidad de las personas y las relaciones tutelares en el mismo sentido que en la legislación estatal, ahora renovada. Además, la reforma del derecho procesal en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria realizada por las Cortes Generales podría llevar a que el Derecho Civil aragonés se viera privado, o cuando menos con dificultades interpretativas, de mecanismos de ejercicio del mismo ante los tribunales.
Por ello, el pasado mes de julio, el Justicia de Aragón sugirió al Ejecutivo autonómico y a las Cortes de Aragón que, con carácter urgente, procedieran a dotar al ordenamiento jurídico aragonés de instrumentos normativos que permitan la adaptación del Derecho Foral aragonés en materia de capacidad jurídica a la nueva normativa estatal.
El aforo estará limitado por la normativa anticovid, pero el encuentro también se podrá seguir, en directo y en diferido, a través de este enlace a la web del Centro Joaquín Roncal.
Los participantes estarán disponibles desde media hora antes del encuentro para todos aquellos medios de comunicación que deseen tomar imágenes y declaraciones o realizar entrevistas. Plena inclusión Aragón agradecería a los y las periodistas una confirmación previa de su asistencia.