Este contenido está en lectura fácil.Encuentro para analizar las claves de la mayor reforma legal sobre discapacidad
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- El cambio de las leyes civiles y procesales sobre capacitación jurídica centra la charla organizada para el día 30 por Plena inclusión Aragón y la Fundación Luis de Azúa
Plena inclusión Aragón y la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa celebrarán la semana que viene una charla para explicar la reciente modificación de las leyes civiles y procesales que regían la capacitación jurídica de miles de personas con discapacidad. Se trata de la mayor reforma legal que afecta a este colectivo acometida por España en los últimos años.
El evento está dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familiares, los profesionales que les atienden y operadores jurídicos. Se celebrará el próximo jueves, 30 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
El aforo estará limitado, por lo que hay que confirmar asistencia, antes del día 27, llamando al 976 738 581 o escribiendo a adrianaquintana@plenainclusionaragon.com. También se podrá seguir el encuentro a través de este enlace a la web del Centro Joaquín Roncal.
La directora provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Encarna Bendicho, dará la bienvenida a los asistentes, junto a Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón, y Luis Gonzaga, presidente de la Fundación Luis de Azúa. Darán paso a Inés de Araoz, coordinadora del área jurídica de Plena inclusión España y una de las mayores expertas en la reforma legal que se abordará en esta jornada.
Después será el turno de Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, que abogará en su charla por la necesaria actualización del Derecho Foral Aragonés para dotar de seguridad jurídica a los aragoneses afectados por esta reforma legal, ya que la nueva legislación civil, de ámbito estatal, choca con lo establecido en algunos puntos de la que rige en esta comunidad autónoma.
El cambio legislativo, vigente desde principios de mes, supone una transformación radical en algunos aspectos de la vida de aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con la capacidad modificada jurídicamente. Así, estas podrán disponer de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de la población, evitando influencias indebidas en ese proceso, tal y como avala la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la práctica, este cambio supone la desaparición de la incapacitación judicial y la sustitución en la toma de decisiones, junto a la prohibición de que entidades de apoyo a personas con discapacidad actúen como juez y parte, es decir, que se les autorice a ser tutoras y a ofrecer otros servicios.