Este contenido está en lectura fácil.Plena inclusión Aragón rechaza que Educación deniegue una plaza de FP a un joven con discapacidad
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- La negativa es discriminatoria y contraria a la Constitución española y a ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón
Zaragoza 15/06/2021. Plena inclusión Aragón, la asociación mayoritaria de entidades que trabajan para las personas con discapacidad intelectual en la comunidad autónoma, quiere mostrar su rechazo a la posición adoptada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que ha denegado una plaza para estudiar Formación Profesional al joven Ánchel Sabio, aduciendo a su discapacidad. La organización considera que este rechazo es discriminatorio y contrario a la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón.
Sabio tiene 17 años y acaba de terminar 4º de la ESO. Con una discapacidad del 54% reconocida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), nació con una hemiparesia lateral izquierda. Esta limita el movimiento de su mano izquierda, lo que no ha le supuesto ningún obstáculo para obtener su título de Secundaria, hacer deporte ni llevar una vida normalizada, como cualquier otro chico de su edad.
Ánchel quiere continuar sus estudios cursando un ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes, pero Educación no le concede la plaza solicitada. Según denuncia su familia, la comisión valoradora considera que su discapacidad le impide hacer algunas de las actividades que contempla esta formación, ya que aprecia riesgos para su seguridad y la de sus compañeros, pues el grado incluye tareas de montaje de componentes y cableado que le resultarían muy complicadas de realizar.
Sin embargo, un informe del IES Los Espejos de Utebo defiende la idoneidad de este estudiante para cursar el grado que desea. Y su familia lamenta que se le cierre la puerta al futuro elegido por el propio Ánchel, después de toda una vida luchando por su inclusión.
Para Plena inclusión Aragón, la negativa de Educación a concederle la plaza por motivos de discapacidad echa por tierra todos los avances acometidos por el Ejecutivo aragonés a favor de la educación inclusiva. Es contraria a los valores constitucionales de no discriminación y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que además es de obligado cumplimiento, tras su ratificación por parte del Estado español.
Por añadidura, la decisión de la comisión valoradora contradice varios artículos de la mencionada ley aragonesa de derechos y garantías de las personas con discapacidad. En su artículo 15, la norma sostiene que “las Administraciones públicas de Aragón garantizarán el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva permanente”, bajo los principios “de igualdad de oportunidades y no discriminación”, en “todos los niveles educativos”.
Asimismo, este artículo recoge que se “garantizará el acceso a la escolarización del alumnado con discapacidad”, no pudiendo ser denegado “cuando sea susceptible de ajustes razonables”, y que la “respuesta educativa” tendrá “en cuenta sus necesidades”, dotando a los centros “de los recursos humanos necesarios y de los materiales precisos para hacer posible la inclusión”.
El artículo 16 concreta que se “garantizará la atención del alumnado que presente necesidades educativas asociadas a su discapacidad”, a través, entre otros medios, de “la dotación de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales que permitan su acceso y permanencia en el sistema educativo”. Especifica que “se tendrá en cuenta la perspectiva” del alumnado “con mayores necesidades de apoyo”, estableciendo “las adaptaciones que requiera el alumnado en función de su discapacidad”.
Este artículo recoge que se aplicarán “los ajustes razonables, necesarios e individualizados” a “los contenidos de las asignaturas” y “la accesibilidad”. Y, concretamente, para los centros de formación profesional, contempla “la figura de auxiliar de alumnos con necesidades especiales, similar a la existente en educación obligatoria, y cuya labor sea facilitar que el alumnado con discapacidad pueda estudiar en igualdad de condiciones que los demás”.
Del mismo modo, el artículo 22 de la Ley 5/2019 establece que “en el diseño de la oferta general de formación profesional para el empleo de las administraciones públicas de Aragón, se garantizará la posibilidad de participar en dicha oferta a las personas con discapacidad y se tendrán en cuenta sus necesidades, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”.
Ninguno de los preceptos recogidos en la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón mencionados en esta nota de prensa se están respetando en el caso de Ánchel Sabio. Al final, este joven ha tenido que optar matricularse en la enseñanza privada para poder realizar los estudios que desea. Pero tiene derecho a estudiar en un centro público, como cualquier otro estudiante aragonés, si así lo desea.
Por todo ello, Plena inclusión Aragón insta al Departamento de Educación a replantearse su posición en este caso concreto, a cumplir la ley y a continuar trabajando a favor de la educación inclusiva, como venía haciendo hasta ahora. Solo es necesaria una mayor voluntad política para hacerlo, y ello incluye la dotación de recursos humanos y materiales que sea necesaria para que Ánchel pueda continuar dando forma al proyecto de vida que ha elegido para sí mismo, como cualquier otro joven de su edad.
Lo contrario sería condenar a este joven a ser un ciudadano de segunda, con el único argumento de su discapacidad. Un extremo inadmisible en una sociedad avanzada y garantista de derechos como es la aragonesa.