Este contenido está en lectura fácil.15 meses de pandemia dejan exhausto al sector aragonés de atención a la discapacidad intelectual
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- Al enorme gasto asumido en equipos de protección y adecuación de espacios se suma la pérdida de ingresos por las plazas residenciales concertadas que quedaron en reserva para los usuarios que decidieron volver a casa, aunque el mayor impacto que deja el coronavirus, según confiesa Berta Guerrero, directora de la fundación Los Pueyos, es sin duda el emocional
Hace quince meses que la covid-19 puso el mundo del revés. El sector de la discapacidad intelectual no fue una excepción, y arrastrará las consecuencias largo tiempo. Las organizaciones que, como Los Pueyos, pertenecen a Plena inclusión Aragón, sufrieron una transformación radical para adaptarse a la emergencia sanitaria. En conjunto, los sobrecostes ascienden a más de 900.000 euros en las 40 entidades.
“Cerramos el ejercicio de 2020 con pérdidas superiores a los 150.000 euros”, informa Berta Guerrero, directora de Los Pueyos, “Hubo que adaptar absolutamente todo: servicios, instalaciones, puestos de trabajo…”. Ella es sanitaria y “esto lo vi venir”, asegura. “Me adelanté al estado de alarma. Quince días antes separé a los residentes de los usuarios de día, y eso me permitió dar mucha seguridad a la plantilla. Hubo que cambiar toda la rotación de turnos –que pasaron a ser de doce horas- para poder salvaguardar en todo momento un equipo, por si acaso había un contagio”, continúa.
Y aunque sí tuvieron algún caso positivo de covid-19 entre los residentes y el personal, no hubo ningún brote importante en Los Pueyos. “Pero sí hubo que dar respuesta cada vez que aparecía un síntoma compatible. Esto suponía que el profesional se tenía que ir fuera, con lo cual, tuvimos que estar supliendo ausencias y haciendo malabares continuamente”, señala su directora.
A día de hoy, esta fundación de Villamayor de Gállego cifra ya las pérdidas a causa de la pandemia en los 400.000 euros. Y, pese al desembolso para la adquisición de equipos de protección o la adecuación de espacios, este no ha sido el principal motivo. “Más allá de los sobrecostes, en Los Pueyos, lo más significativo ha sido la bajada de ingresos por las plazas de residencia en reserva”, asegura Berta.
Guerrero se refiere aquellas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Las familias de muchos estos residentes optaron por llevárselos a casa para evitar contagios. Sus plazas quedaron reservadas y, mientras tanto, el Gobierno de Aragón solo abonaba el 50% del precio que fija el convenio. Pero los costes no cayeron en la misma proporción. “El gasto fijo más fuerte que tiene cualquier entidad como la nuestra es el de personal, y este seguía siendo el mismo”, puntualiza.
Sin embargo, pese a la delicada situación económica, Berta Guerrero afirma con rotundidad que “el mayor impacto de la pandemia ha sido el emocional, tanto para las personas que atendemos como para sus familias y los profesionales”. Una afección que no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de usuarios para el que trabajan.
“Si todos hemos acabado con la cabeza un poco del revés, imagina ellos, pues muchos, unido a la discapacidad intelectual, tienen un problema en el control de los impulsos. Las restricciones han sido muy fuertes y les ha sido muy difícil comprender que esas medidas respondían a la necesidad de protegerlos. No encajaron tantos meses encerrados, sin tener contacto físico con sus familias, y aumentaron los problemas conductuales”, lo que incluso derivó en un incremento de los accidentes laborales.
Todos los esfuerzos que ha habido que dedicar a abordar este tipo de situaciones no han hecho sino aumentar la sobrecarga de unos trabajadores que ya estaban bastante saturados. Sobre todo, según confiesa Berta, por su temor a ser ellos quienes llevasen el virus al centro y contagiar a los residentes. “Conscientes de que el elemento de riesgo eran ellos, eso les generaba mucho estrés”.
La directora de Los Pueyos recuerda que estos trabajadores “fueron considerados esenciales” al inicio de la crisis sanitaria y que “han estado muy por encima de sus obligaciones laborales. Su compromiso ha sido con la comunidad, con toda la sociedad”. Por ello, “no se merecen ver comprometido su trabajo”, ahora que peligra la viabilidad económica de unas organizaciones que, hoy por hoy, son las únicas garantes de los derechos de un colectivo muy vulnerable. Por eso, las 40 entidades de Plena inclusión Aragón lanzan un “SOS discapacidad intelectual”, ante las dificultades que atraviesa el sector.