Este contenido está en lectura fácil.La entidades aragonesas de discapacidad reivindican una vivienda accesible, asequible e inclusiva en el Día de la Convención
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- Plena inclusión Aragón ha acudido al acto conjunto celebrado en la sede del CERMI Aragón en representación del sector de la atención a la discapacidad intelectual
- Varias personas, con distintos tipos de discapacidad, han leido un manifiesto en el que reclamaban más facilidades para acceder a una vivienda, como garantía de una vida autónoma e independiente
Zaragoza, 3 de mayo de 2021. Las principales agrupaciones y federaciones de entidades aragonesas de discapacidad, entre ellas Plena inclusión Aragón, en representación del sector de la discapacidad intelectual, se han unido esta mañana con motivo de la celebración del 3 de mayo, Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un acto convocado por el CERMI Aragón. El evento ha tenido un carácter eminentemente reivindicativo, pues todas las organizaciones se han sumado al manifiesto redactado para este día por el CERMI España, en el que han reclamado el derecho de las personas con discapacidad a acceder a una vivienda accesible, asequible e inclusiva.
Luis Gonzaga, presidente del CERMI Aragón, que representa a 389 entidades de todo el territorio de la comunidad autónoma, ha lamentado que «muy pocas viviendas nuevas tienen una accesibilidad universal». Y ha recordado que Aragón tiene un parque de viviendas muy envejecido, lo que añade «más problemas de accesibilidad». Pero «no solo reclamamos que la vivienda sea accesible, sino también asequible, para que las personas con discapacidad, que no se caracterizan por tener unos ingresos muy altos, cuenten con ayudas municipales o autonómicas para la rehabilitación o la adquisición de viviendas dignas».
Al acto ha asistido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha anunciado que los fondos europeos de reconstrucción van a permitir al Ejecutivo autonómico sacar dos convocatorias de ayudas para centros residenciales de personas mayores y con discapacidad por valor de tres millones de euros cada una. Estas ayudas irán destinadas «para mejorar los equipamientos de los centros residenciales de los ayuntamientos», y la segunda convocatoria será «para aquellas entidades que tienen plazas concertadas», en ambos casos para realizar aquellas modificaciones que la pandemia ha evidenciado como una necesidad. Por otro lado, una tercera convocatoria de tres millones de euros irá destinada, «con carácter retroactivo», para que «los centros puedan dar respuesta a aquellos gastos extraordinarios que tuvieron con motivo de la pandemia», como la compra de EPIs o la adaptación de los espacios.
Representantes de los distintos tipos de discapacidad se han turnado para ir leyendo el manifiesto del CERMI. Alejandro García Torrubia lo ha hecho en nombre de la discapacidad intelectual y de Plena inclusión Aragón. En este enlace puedes verlo leyendo el manifiesto en un vídeo.
Dicho manifiesto ha recordado que la vivienda es un presupuesto ineludible para conquistar la inclusión, que, en el caso de las personas con discapacidad, comporta participar plenamente en la corriente general de la vida social, pudiendo por tanto elegir dónde, cómo y con quién vivir, sin imposiciones, y sin verse obligadas a habitar en entornos específicos y separados, al margen de la vida en comunidad. Por lo tanto, la inclusión en la comunidad y llevar una vida independiente pasa para las personas con discapacidad por disponer de una vivienda digna y adecuada. Así lo establecen los artículos 28, 19 y 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España y, por ende, de obligado cumplimiento.
Algunas de las propuestas recogidas en el manifiesto para lograr el derecho a la vivienda para las personas con discapacidad son, por ejemplo, que las obras de accesibilidad sean ser obligatorias, al margen de su coste. Otra idea es que el Registro de la Propiedad incluya información sobre la accesibilidad de todos los edificios y las viviendas. También se reclama que el derecho a la vivienda no dependa del nivel de apoyos que necesite la persona, ya que aquellas con grandes necesidades de apoyo también tienen derecho a vivir en la comunidad y no en residencias, si así lo eligen. Por último, también se pide que haya más ayudas para contratar asistencia personal, una prestación que contempla la ley de la dependencia pero que apenas se ha potenciado en España. Estos profesionales que prestan apoyos a las personas con discapacidad en las actividades diarias, son la mejor garantía para una vida independiente y en comunidad, y no son una opción más cara que la institucionalinación en residencias.