Este contenido está en lectura fácil.Las entidades del tercer sector también gestionarán el ingreso mínimo vital
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- El ámbito de actuación de estas organizaciones deberá ser estatal y además tendrán que disponer de puntos de atención en todas las comunidades y ciudades autónomas
Las entidades del tercer sector de acción social van a convertirse en colaboradoras del Estado para la gestión de del ingreso mínimo vital. Durante los próximos cinco años, los profesionales de trabajo social de las organizaciones debidamente acreditadas pasarán a tramitar esta prestación social, puesta en marcha el año pasado. Esta colaboración ha quedado regulada por el Real Decreto-ley 3/2021, que entró en vigor el pasado 3 de febrero.
La implantación de este nuevo derecho social no está siendo sencilla. A la complejidad que implica la solicitud del ingreso mínimo vital se suma la saturación de los servicios sociales de titularidad pública, que tuvieron que aprender a tramitarlo prácticamente a la vez que se veían desbordados por la avalancha de demanda generada por la pandemia.
Esto ha provocado que muchos solicitantes lleven meses esperando una resolución. Así que ahora se espera que la entrada de las entidades del tercer sector en la gestión de esta prestación agilice los trámites y permita desatascar una situación que afecta a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad social.
Para la acreditación de las entidades como mediadoras sociales del ingreso mínimo vital, el Estado ha creado un registro público en el que las interesadas tendrán que inscribirse. Estas deben cumplir una serie de requisitos, como carecer de ánimo de lucro, estar legalmente constituidas desde hace al menos tres años, demostrar experiencia en el acompañamiento y asistencia a personas en riesgo de exclusión social y tener unos fines institucionales adecuados al fin que persigue la norma.
Asimismo, el ámbito geográfico de actuación de estas organizaciones debe tener carácter estatal, y disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar el cumplimiento de estos fines, además de puntos de atención directos a las personas en todas las comunidades y ciudades autónomas.
Por otro lado, la confederación de Plena inclusión España ya ha sido acreditada como mediador social, en este caso como colaboradora de la Administración General del Estado para la gestión de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Esto la habilita para emitir las acreditaciones que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidoras vulnerables o vulnerables severas de sus personas usuarias, requisito imprescindible para el acceso a nuevas prestaciones o derechos.