Plena inclusión Aragón y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón trabajan juntas en un proyecto para hacer más fácil de entender la Justicia en Aragón.
Se adaptan a lectura fácil sentencias del proceso de modificación de la capacidad de obrar de personas con discapacidad intelectual.
El proceso de modificación de la capacidad de obrar sirve para proteger a personas que necesitan ayuda en algunas actividades de su vida.
Cualquier persona con discapacidad intelectual de Aragón, familiares, entidades o profesionales de la Justicia pueden pedir que se adapte su sentencia.
También se están haciendo cursos para profesionales de la Justicia.
En estos cursos, los profesionales conocen las dificultades que tienen las personas con discapacidad intelectual para entender la Justicia.
Además, un equipo de personas con discapacidad está valorando la accesibilidad de juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel.
El equipo le dirá al Gobierno de Aragón qué cosas puede mejorar para que los juzgados sean más accesibles.
Este proyecto se puede hacer gracias a la Fundación la Caixa, que apoya a Plena inclusión Aragón a través de su convocatoria de subvenciones de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad.
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- Plena inclusión Aragón y el Gobierno autonómico trabajan juntos para mejorar la accesibilidad cognitiva de los procesos judiciales para modificar la capacidad de obrar
Plena inclusión Aragón y la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón están trabajando juntas en un proyecto que pretende facilitar la accesibilidad cognitiva de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma. Esta iniciativa se sustenta sobre tres ámbitos de actuación: la formación de operadores jurídicos, la adaptación de sentencias a lectura fácil y la accesibilidad de las sedes judiciales.
Creando Espacios Accesibles, la comisión de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón, es el área responsable del proyecto. Está integrada por tres profesionales de la federación autonómica y un equipo de personas voluntarias con discapacidad intelectual. Además, la financiación conseguida para este proyecto va a permitir la contratación de hasta cinco personas con discapacidad intelectual, que además de reforzar la labor de la comisión en materia de accesibilidad cognitiva, se van a ocupar de impartir formación.
Mari Luz Magaña es una de ellas, y ya se ha estrenado como formadora de profesionales de la Justicia. Desde su experiencia, opina que, en general, “necesitan mejorar bastante” su actuación cuando hay personas con discapacidad intelectual involucradas en procesos judiciales. “Pero para eso tienen que querer. Hace falta voluntad para formarse”, añade.
Lo que Mari Luz trata de transmitir a jueces, abogados y fiscales es, “sobre todo, que cuenten con la opinión de las personas tuteladas que, aunque estén incapacitadas, deben tener su propia voz, porque al final solo suelen hacer caso a todo lo que dice el tutor”.
En esta idea incide también David Lasaga, uno de los profesionales del equipo. Según cree, en lo que hay que hacer más hincapié es en la necesidad de “hacer a las personas con discapacidad más partícipes a lo largo de todo el proceso”, afirma.
Durante las formaciones, David también insiste en la importancia de que “las sentencias de modificación de la capacidad de obrar sean lo más personalizas posible, aunque en esto último ya vamos mejorando en los últimos años. No es como antes, que prácticamente todas las sentencias eran calcadas unas de otras, y casi siempre optaban por una incapacitación total, independientemente de las capacidades de cada persona”.
La segunda pata de este proyecto es un nuevo servicio, creado ad hoc, para mejorar la accesibilidad cognitiva del procedimiento para modificar la capacidad jurídica de obrar de las personas con discapacidad intelectual. Para poder atender de forma gratuita a todas aquellas que lo necesiten, la iniciativa cuenta con el respaldo financiero de la Fundación Bancaria la Caixa.
A través de este servicio, Plena inclusión Aragón ofrece la posibilidad de adaptar y validar a lectura fácil los documentos relacionados con el proceso de modificación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, como la cédula de emplazamiento y la sentencia final del proceso.
Las personas beneficiarias pueden ser tanto aquellas que ya han pasado por el proceso de modificación de la capacidad de obrar y ya disponen de una sentencia, como aquellas que van a empezar el proceso o que ya lo han hecho, pero siguen a la espera de una resolución final.
Plena inclusión Aragón ha informado de este nuevo servicio a todas sus entidades miembro con la finalidad de que sus profesionales lo transmitan a las personas a las que prestan apoyos y a sus familias, y por el momento está teniendo muy buena acogida.
La tercera parte de este proyecto consiste en la mejora de la accesibilidad cognitiva de las sedes judiciales que se ocupan de los casos de modificación de la capacidad de obrar en Aragón. Por el momento, ya han comenzado las evaluaciones de algunas de ellas, como el edificio Vidal de Canellas de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza o el Palacio de Justicia de Huesca. Para ello, un equipo integrado por profesionales y personas con discapacidad valora aquellos aspectos mejorables en cada una de estas sedes, y luego le traslada esta información a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, que se ocupará de acometer las reformas pertinentes.
Este proyecto es posible gracias a la financiación de la Fundación la Caixa, que apoya a Plena inclusión Aragón a través de su convocatoria de subvenciones de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad.