Este contenido está en lectura fácil.Los sobrecostes ponen en riesgo la continuidad de los servicios que garantizan los derechos de las personas con discapacidad intelectual
Este contenido NO está adaptado a Lectura Fácil
Plena inclusión Aragón estima urgente que las administraciones públicas desplieguen un plan de refuerzo de los servicios sociales destinados a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 solicita, en línea con el posicionamiento de la confederación de Plena inclusión, un acuerdo del consejo interterritorial que facilite un incremento en la financiación a los servicios que prestan sus 40 entidades, al igual que en las 935 organizaciones que integran el movimiento asociativo mayoritario de la discapacidad intelectual en España.
“El aumento de las transferencias a las comunidades autónomas en el capítulo de dependencia y servicios sociales se debe ver reflejado en la elevación de los precios que abonan las diferentes administraciones”, manifiesta el director de Plena inclusión, Enrique Galván. La mayor red de servicios a la discapacidad intelectual en España espera que ello permita un inmediato alivio de la situación de precariedad que viven las organizaciones a las que agrupa, que presentan signos de insostenibilidad económica.
Las entidades han asumido un incremento de un 30% en sus costes a raíz de la adquisición de equipos de protección y la transformación de espacios para hacer frente a la pandemia. Solo en gastos de personal, el aumento del gasto ha sido del 53%, debido a las nuevas contrataciones y a la subida del salario mínimo. Esto, unido a una política de revisión de precios mínimos, hace que muchas organizaciones prevean graves dificultades financieras de cara al 2021.
Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón, afirma que si ni la Administración central ni la autonómica “reaccionan y ponen en marcha de manera urgente medidas de apoyo financiero y fondos que palíen esta situación, puede perderse, de manera dramática e irreversible, una buena parte de la red de servicios específicos para personas con discapacidad intelectual que, durante más de 50 años, se ha ido poniendo en marcha con el esfuerzo de familias, profesionales y entidades”.
Plena inclusión propone un estudio independiente que actualice el coste por plaza en los centros con el fin de definir una horquilla de precios adecuados que garanticen la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. De ese modo se cambiaría un modelo de financiación insuficiente que lastra a las organizaciones que desarrollan una función esencial en la sociedad española, tal y como se ha demostrado este año en la lucha contra la pandemia.