Este contenido está en lectura fácil.El Senado inicia los trámites para poner fin a la esterilización forzada de personas con discapacidad
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- Plena Inclusión celebra la aprobación prácticamente unánime de la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para acabar con esta anomalía democrática
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, 26 de febrero, la toma en consideración de una proposición de Ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. El texto será remitido ahora al Congreso de los Diputados para seguir su tramitación parlamentaria.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres.
La reforma legal propuesta establece una nueva redacción para el artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la que se elimina el párrafo segundo vigente, que recoge que «no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil».
Al nuevo redactado se añade una disposición adicional que indica que «las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada».
En declaraciones a Servimedia, Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión España, afirma que «en el Senado se ha dado un gran paso que permite abrir un debate en profundidad, también entre las familias de personas con discapacidad y las organizaciones, para garantizar entornos y apoyos para todas las personas». «Así se asegurará su derecho a una sexualidad elegida y se crearán más espacios libres de abusos”, afirma. «Son unos buenos comienzos de algo por lo que nosotras seguiremos luchando. Es una vergüenza que, a día de hoy, podamos votar, pero no podamos parir”, concluye.
UNA INICIATIVA DE CIUDADANOS
Todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, a excepción del voto en contra de los dos senadores de Vox y la abstención de la representante de Teruel Existe, han apoyado la iniciativa, presentada por el senador de Ciudadanos Tomás Marcos, que defiende la necesidad de acabar con esta práctica en España a fin de «mejorar la protección de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad» y para «defender derechos básicos de las personas con discapacidad».
La formación naranja pone de relieve que Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya recomendó oficialmente a España en 2011 la acomodación de su ordenamiento interno (Código Penal) en este punto.
Para Ciudadanos, la permanencia en la legislación nacional de la posibilidad legal de practicar esterilizaciones forzadas, más de una década después de la entrada en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año 2008, «constituye una grave anomalía en términos de estrictos Derechos Humanos». Dicha convención recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación con la formación de una familia, un hogar, ser padres y madres y las relaciones personales de los mismos.
La formación naranja pone de relieve además que Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ya recomendó oficialmente a España en 2011 la acomodación de su ordenamiento interno (Código Penal) en este punto.