Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen derecho al empleo y a poder llevar una vida autónoma. Sin embargo, para la mayoría, este derecho está muy lejos de cumplirse. En el año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), su tasa de empleo fue solo del 17,6%. Los índices de desempleo e inactividad dentro de este colectivo multiplican los de personas con otras discapacidades y son considerablemente más elevados que los de las personas sin discapacidad, llegando a duplicarlos.
La discriminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el mercado laboral es aún más sangrante si se tienen en cuenta sus salarios. En 2019, los hombres con este tipo de discapacidad percibieron de media 16.136,90 euros al año, una cifra que cayó hasta los 11.390,70 euros en el caso de las mujeres, mientras que el salario medio anual del conjunto de la ciudadanía española fue de 24.395,98 euros.
Además, cuando estas personas encuentran trabajo, suele ser temporal y quedar restringido a nichos de empleo muy determinados, en sectores como la limpieza o la logística, lo que limita enormemente sus opciones de desarrollarse profesionalmente, independientemente de su formación y capacidades.
A tenor de estos datos, puede afirmarse que la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual presenta todavía muchas lagunas. Más aún si se trata de las personas que tienen mayores necesidades de apoyo –es decir, aquellas que junto a esta discapacidad presentan trastornos de la salud mental, movilidad reducida o especiales alteraciones de la comunicación–, cuya inclusión en los mercados laborales abiertos es casi testimonial. Según cifras recabadas por Plena inclusión en 2016, el 96% de estas personas no accede al mercado laboral, siendo sistemáticamente excluidas de las oportunidades de empleo.
Ante esta realidad, Plena inclusión España ha puesto en marcha el proyecto ‘Empleo Personalizado: innovación para la inclusión sociolaboral’ para apoyar a las personas con discapacidad intelectual con más necesidades de apoyo a acceder al mercado laboral, en base a unas metodologías y prácticas que han tenido éxito en el ámbito internacional. El enfoque de este proyecto es que cada persona pueda acceder a puestos de trabajo en un mercado laboral abierto, y que sea protagonista de todo el proceso de búsqueda de su empleo y de la negociación con la empresa.
La iniciativa tiene una doble vertiente, de intervención y de investigación. A través de la misma, 502 usuarios de todo el país, 34 de Aragón, están participando en un estudio cuya finalidad es generar conocimiento que permita idear nuevas políticas de inclusión laboral para este colectivo. De ellos, la mitad va a beneficiarse de itinerarios de empleo personalizado, gracias a los cuales contará con ayuda profesional para descubrir lo que mejor sabe hacer y buscar empleo en ese campo. Esta metodología se basa en la creación de nuevos puestos de trabajo, diseñados pensando en una persona, y en colaboración con empresas.
El proyecto está impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cuenta con dos millones de euros de financiación de los Fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation. Lo coordina Plena inclusión España y participan 44 de sus asociaciones de doce comunidades autónomas y Ceuta. En Aragón, la coordinación corresponde a Plena inclusión Aragón, y participan sus entidades Valentia y Kairós.
