Plena Inclusión ha presentado un informe
sobre la Ley 8/2021.
Esta ley cambia las reglas
sobre la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
El informe muestra algunos problemas
que la ley está causando.
Estos problemas afectan a los derechos
que las personas con discapacidad ya tenían.
Por ejemplo, pueden perder beneficios fiscales,
ayuda de la Seguridad Social,
y dificultades para acceder
a productos de los bancos.
El informe también ayuda a los abogados
a defender los derechos
de las personas con discapacidad.
Explica las lagunas y problemas de la ley
y cómo pueden solucionarse.
La presentación del informe tuvo lugar
en el Consejo General de la Abogacía Española
en Madrid. En el evento hablaron
varias personas importantes,
como Carmen Laucirica,
presidenta de Plena Inclusión España,
y otros expertos
en derechos humanos y discapacidad.
Descarga el informe:
Si quieres leer y descargar el informe
pincha sobre el enlace de abajo.
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/informe-efectos-colaterales-de-la-ley-8-2021/
Grabación de la Jornada
Si quieres ver el video de la Jornada
pincha sobre el enlace de abajo.
https://www.youtube.com/live/iXp0lyKpNT4?si=005yi20WcIVOGhAn
Este contenido está en lectura fácil.Plena inclusión presenta su informe jurídico acerca de los efectos indeseados de la Ley 8/2021 sobre las personas con discapacidad intelectual y sus familias
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- Este informe pone de relieve el posible retroceso en derechos adquiridos por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la hora de acceder a beneficios tributarios, servicios bancarios o actos jurídicos.
- Está dirigido especialmente a abogados para ofrecerles un argumentario al que acogerse a la hora de demandar este tipo de acceso para el colectivo.
La sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid acogió este martes la Jornada de presentación del Informe jurídico sobre ‘Efectos colaterales de la Ley 8/2021 por la cual se reforma la legislación civil y procesal para acabar con el régimen de incapacitación y reconocer el pleno derecho de todas las personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad intelectual y del desarrollo, a realizar diversos actos jurídicos.
Este informe se basa en la detección de ciertas lagunas en la aplicación de la citada Ley que, como ha descrito la presidenta de Plena inclusión, Carmen Laucirica, durante la presentación: “está teniendo unos efectos que suponen un retroceso en derechos adquiridos por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que les dejan en situaciones de indefensión”.
El documento, elaborado por la entidad Gentium a instancias de Plena inclusión, está dirigido a profesionales del derecho (especialmente a abogados y abogadas) y pretende facilitar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través del asesoramiento jurídico y la litigación.
Para ello ofrece un recorrido por las principales lagunas y conflictos normativos que está provocando la interpretación de la Ley 8/2021 por parte de diferentes organismos, y sus consecuencias en el ámbito tributario (pérdida de beneficios fiscales), de la Seguridad Social (pérdida de prestaciones), financiero (dificultades en el acceso y contratación de productos bancarios), laboral (pérdidas de derechos de trabajadores y trabajadoras en convenios colectivos), así como jurídico (falta de acceso al beneficio de la asistencia jurídica gratuita en los expedientes de jurisdicción voluntaria). Esto último fue objeto de un comunicado conjunto entre Plena inclusión y el Consejo General de la Abogacía Española
Además, el informe ofrece a los y las profesionales del derecho diversas líneas de argumentación y defensa para evitar dichos efectos indeseados de la aplicación de esta Ley, con el objetivo de prevenir todas estas situaciones de indefensión descritas.
La presentación contó con las intervenciones de Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España; Berta Álvarez, Coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos; Gregorio Saravia, Delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la
Convención de la ONU y miembro de la Alianza Apoyo y Autonomía; Patricia Bárcena. Adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Inés de Araoz, coordinadora del área jurídica de Plena inclusión España; Rafael Cid, socio fundador y director de Estrategia Jurídica de Gentium; Laura Espejo, Adjunta a la dirección de Plena inclusión España; María José Segarra, Fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores.
Acceso al informe:
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/informe-efectos-colaterales-de-la-ley-8-2021/
Acceso a la grabación de la jornada:
https://www.youtube.com/live/iXp0lyKpNT4?si=005yi20WcIVOGhAn