Plena inclusión Aragón ha recibido la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario.
Este es un premio que da Instituciones Penitenciarias.
Instituciones Penitenciarias es el departamento del Gobierno encargado de gestionar las cárceles en España.
El 24 de septiembre es el día de la patrona de Instituciones Penitenciarias, que se llama Nuestra Señora de La Merced.
Cada 24 de septiembre, Instituciones Penitenciarias da unos premios a las personas y organizaciones que ayudan a las personas que están en la cárcel.
El premio se lo han dado a Plena inclusión Aragón por su trabajo con los presos con discapacidad intelectual de la cárcel de Zuera.
Zuera es un pueblo de Zaragoza.
Plena inclusión apoya a las personas con discapacidad intelectual que están en la cárcel.
Vivir en la cárcel no es agradable y tiene normas difíciles de entender.
Plena inclusión Aragón ayuda a las personas con discapacidad intelectual a adaptarse a vivir en la cárcel.
Cuando estas personas salen de la cárcel, Plena inclusión Aragón las ayuda para volver a adaptarse a vivir en libertad.
Con este trabajo, también se intenta que las personas no vuelvan a cometer delitos.
Plena inclusión Aragón también trabaja con las personas que trabajan en las cárceles, los abogados y las familias de los presos.
Entre todos, tratan de ayudar a las personas con discapacidad intelectual antes, durante y después de pasar por la cárcel.
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La asociación recibe la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, que concede Instituciones Penitenciarias en el día de su patrona, Nuestra Señora de La Merced, por su labor en la prisión zaragozana de apoyo a los reclusos con discapacidad intelectual, un colectivo en situación de grave vulnerabilidad y con necesidades de apoyo muy complejas
Esta semana, el Centro Penitenciario de Zuera ha galardonado a Plena inclusión Aragón con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario por la labor que desarrolla en esta prisión con los reclusos con discapacidad intelectual. Se trata de uno de los premios que cada 24 de septiembre concede Instituciones Penitenciarias en el día de su patrona, Nuestra Señora de La Merced, con los que reconoce a los profesionales y entidades que cooperan en las cárceles.
Esta es una de las facetas más desconocidas del trabajo de la asociación aragonesa de entidades de discapacidad intelectual. Y es que, tal y como constataba un informe del Defensor del Pueblo de 2018, muchos ciudadanos manifiestan su sorpresa al conocer que hay personas de este colectivo en prisión.
Plena inclusión trabaja para mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho. Un compromiso que adquiere especial relevancia en el ámbito del Programa de atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclusas, exreclusas y que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimientos judiciales, “un colectivo en situación de grave vulnerabilidad, con necesidades de apoyo muy complejas, que habitualmente proviene de contextos de pobreza y exclusión social”, indica Adriana Quintana, la trabajadora social de Plena inclusión Aragón responsable de estas intervenciones en la comunidad autónoma.
El programa, de ámbito estatal, está financiado a través de la subvención para la realización de fines sociales a cargo del IRPF desde 1995, pero su origen es anterior. En 1987, unos directivos de Plena inclusión (entonces FEAPS) visitaron una cárcel y comprobaron las carencias en el trato que recibían estos reclusos, que convivían sin separación con el resto de los internos y sin personal especializado que los atendiera. Entonces, el movimiento asociativo empezó a atender sus necesidades concretas, con el objetivo de promover su rehabilitación y su reinserción en la sociedad.
Resulta difícil determinar la prevalencia exacta de esta población en las cárceles españolas, debido a su invisibilidad en el sistema judicial y penitenciario, pues las prisiones no cuentan con los recursos necesarios para detectar su presencia entre las personas reclusas. Pero diversos estudios evidencian que las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental se encuentran sobrerrepresentadas en los procesos policiales y judiciales, así como en los centros penitenciarios.
Según una encuesta elaborada por la Fiscalía Provincial de Córdoba, el 15% de las personas que comparecen ante el Juzgado de Guardia en calidad detenidas encajan en este perfil. Y, según un estudio del Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 9,9% de las personas reclusas presenta alguna discapacidad, siendo intelectual en un 52,83% de los casos.
La adaptación al medio penitenciario es compleja, tanto al estricto reglamento que regula su funcionamiento interno como a la cultura y normas no escritas que rigen la vida en su interior. Una dificultad que se acentúa para las personas con discapacidad intelectual, que suelen carecer de habilidades para comprender y adaptarse a este entorno, y por ello corren más riesgo de ser víctimas de explotación, violencia o abuso.
Por ello, es igual de importante trabajar con los internos como con el entorno penitenciario, “tratando de orientar al personal de las prisiones para que apoye de una forma correcta a estas personas, favoreciendo su reinserción”, explica Adriana Quintana. “Nuestra labor continúa cuando salen en régimen abierto, y cuando ya han cumplido su condena y recuperan la libertad, para facilitar su vuelta a la sociedad y tratar de evitar su reincidencia”.
Esto “requiere de un gran esfuerzo profesional y de coordinación. Se trabaja con familiares, operadores jurídicos, diferentes administraciones y otros recursos sociales. Y es especialmente relevante la buena coordinación que hay con los equipos de dirección y de tratamiento del Centro Penitenciario de Zuera, a quienes agradezco el reconocimiento, que pone en valor el trabajo de Plena inclusión Aragón”, concluye Quintana.