Plena inclusión reclama una financiación pública justa y alerta del peligro de cierre de entidades que sostienen a miles de personas con discapacidad intelectual

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Plena inclusión reclama una financiación pública justa y alerta del peligro de cierre de entidades que sostienen a miles de personas con discapacidad intelectual

• En vísperas del Día Internacional de la Discapacidad, la confederación que agrupa a 950 asociaciones que gestionan 4.000 centros y servicios, reivindica la dignificación del sector de los cuidados
• Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón: “Vemos con preocupación el proceso de deterioro de nuestra red de apoyos y el peligro de sostenibilidad de nuestras entidades por una situación mantenida en el tiempo”

Zaragoza, 2 de diciembre 2024.- Plena inclusión Aragón, la asociación mayoritaria en la comunidad autónoma de entidades para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, alerta de la crítica situación a la que se enfrenta el sector. Junto al movimiento asociativo de Plena inclusión, lanza un SOS. “Vemos con preocupación el proceso de deterioro de nuestra red de apoyos y el peligro de sostenibilidad de nuestras entidades por una situación mantenida en el tiempo”, advierte Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón.

“Vivimos una crisis desconocida desde la que azotó al tercer sector en el periodo comprendido entre 2008 y 2012” explica Enrique Galván, director de Plena inclusión España, que en 2024 ha cumplido 60 años, y reúne a 950 organizaciones, casi 40 en Aragón. “Si las administraciones públicas responsables no lo remedian, en 2025, la amenaza de cierre sobrevuela como una realidad para asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”, prosigue Galván.

Con el fin de dar la voz de alarma y sensibilizar a responsables políticos y a la sociedad española, Plena inclusión ha lanzado la campaña #SinRecursosNOhayCuidados, que se estrena en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Esta acción de incidencia política y sensibilización social pretende prolongarse hasta el próximo verano, y planta sus bases teóricas en el documento ‘Por un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector de los Apoyos y los Cuidados’.

CONTEXTO PREOCUPANTE

La finalización del Plan Estatal de choque de la Dependencia, y la incertidumbre sobre la aprobación, tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de los del Gobierno de Aragón para 2025, generan un contexto poco esperanzador. Un escenario de ajuste presupuestario, y la pretensión del Gobierno central de fijar como prioridad la lucha contra el déficit, pueden suponer el abandono de la posibilidad de compensar la infrafinanciacion histórica de las entidades sociales.

Desde Plena inclusión se señalan otros síntomas preocupantes:

• Las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros, que eran tan frecuentes a principios de la década de los 2000, se han eliminado prácticamente en todos los presupuestos autonómicos. A pesar de ello, las entidades se ven obligadas a financiar medidas de transformación digital, o de transición climática con cambio de sistemas de movilidad, refrigeración y calefacción, etc.
• A partir de enero, se prevé un aumento de costes salariales que rondará el 12%. Y pese a esa esperada elevación salarial, se seguirá sin contar con unas condiciones laborales dignas para el sector. La realidad muestra una fuga continua de talento y profesionales a espacios de mejor remuneración. Personas comprometidas con el proyecto social se ven expulsadas de sus empleos y tienen que buscar otras opciones porque los salarios que nuestro sector puede ofrecer no son competitivos.
• Nuestras organizaciones chocan con un cálculo desajustado de los precios plaza que, a través de conciertos o contratos, paga la Administración por el servicio, y que se ha estimado que están entre un 25% y un 30% por debajo del coste real. Eso sí, desde las administraciones se siguen aumentando las exigencias de servicio en cuanto a atención personalizada –planes de apoyo conductual o tecnología disponible-, tal y como arroja el nuevo marco de acreditación de servicios, que plantea exigencias que compartimos, pero que no garantizan apoyos suficientes sobre los recursos a movilizar.
• A todo lo descrito, hay que sumar: un marco regulador rígido y dañino, como la ley de desindexación, que justifica la no elevación de precios y su ajuste a los costes reales; el impacto negativo del IVA soportado de las entidades exentas del mismo; el aumento de cargas administrativas y de cumplimiento legal, como sistemas de ciberseguridad, compliance, etc.

“El comportamiento de las administraciones autonómicas, exceptuando algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación. Dichas administraciones son conscientes de la injusta situación vigente, pues los recursos públicos de atención a personas con discapacidad que ellos gestionan tienen un coste superior a un 30% de los recursos económicos para su funcionamiento”, abunda Enrique Galván.

“Pero, de todos estos problemas que nos afectan, consideramos especialmente grave la actual crisis de profesionales del sector de los apoyos y cuidados”, lamenta Santiago Villanueva, ya que la infrafinanciación impide “asumir unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores” a las entidades que prestan servicios por delegación de los servicios sociales autonómicos. Y achaca esta “fuga y desincentivación” a que “la diferencia salarial entre profesionales de una entidad de Plena inclusión Aragón que presta servicios sociales y los de un centro público o privado concertado en el ámbito de la salud o la educación supera más del 35%, una brecha salarial del todo injustificable, si se tiene en cuenta que son los mismos perfiles profesionales y las mismas tareas que desarrollar”.

“Todo lo anteriormente mencionado supone un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias. Se precisa de manera urgente una estrategia sostenida de inversión social para apuntalar este cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy, desgraciadamente, se tambalea”, advierte Galván.