Cuando las personas con discapacidad conquistan nuevos derechos, el mercado laboral responde demandando nuevos perfiles profesionales. Así pasó con la entrada en vigor de la ley de dependencia, hace casi dos décadas, que hoy da trabajo en Aragón a 14.000 personas, según datos de UGT.
Un fenómeno similar podría ocurrir con el derecho a la accesibilidad cognitiva, incluido en 2022 en la legislación estatal sobre accesibilidad universal. Un nicho de empleo en el que “tener dificultades de comprensión es imprescindible para el perfil profesional de las personas validadoras de accesibilidad cognitiva, porque son las que dan legitimidad al proceso de adaptación”, explica Elisa Barrera, coordinadora del servicio Creando Espacios Accesibles de Plena inclusión Aragón.
Dicho perfil “requiere de una capacitación en las que nuestra Red de Accesibilidad lleva años trabajando. En Aragón contamos con más de medio centenar de personas validadoras formadas, que podrían asumir el reto de profesionalizar este rol”, agrega. Esta Red está formada por los equipos de Adispaz, Amibil, Atadi, Kairós y Valentia, además del de Plena inclusión Aragón.
Precisamente, para avanzar en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de la accesibilidad cognitiva, la asociación tiene suscrito un acuerdo de patrocinio con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) del Gobierno de Aragón. La colaboración se centra en la capacitación mediante el desarrollo de un itinerario formativo en accesibilidad cognitiva que certifique el trabajo de los validadores que intervienen en la mecánica de adaptación a lectura fácil que describe la norma española experimental UNE 153101 EX.
Paola Picazo es una trabajadora del ITA con síndrome de Down que, además, es voluntaria como validadora de lectura fácil de Creando Espacios Accesibles. Picazo cree que convertir la figura del validador en una categoría profesional sería “una buena oportunidad para crear empleo para las personas con discapacidad intelectual”. Y, a la vez, supondría “un gran servicio para la sociedad”, pues contribuiría a normalizar y expandir la accesibilidad cognitiva.
Pero, para convertir ese potencial para generar empleo en realidad, opina Verónica Abadía, técnica de empleo de Plena inclusión Aragón, “las administraciones públicas deberían tirar del carro y dar ejemplo. Si quieren cumplir la ley de accesibilidad universal, deberían empezar a contar con las personas con discapacidad intelectual como validadoras, contratando sus servicios”.
