El Congreso aprueba
que la ley se cambie
para que ya no se pueda incapacitar
a las personas con discapacidad.
Incapacitar significa que les pongan un tutor o tutora
para que decidan sobre
algunas cuestiones de su vida:
alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria, etc.
Con la reforma de hoy
se da más importancia
a los apoyos que ayuden a las personas
a tomar sus propias decisiones.
Este contenido está en lectura fácil.El Congreso reforma la legislación civil para eliminar la incapacitación
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- La modificación del Código Civil abre la vía a un nuevo sistema de apoyos para las personas
- El articulado, en el que han aportado enmiendas CERMI, AEFT y Plena inclusión, supone acompasar la norma española con la Convención de la ONU sobre Derechos de la Discapacidad
Plena inclusión Aragón se suma a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y a Plena inclusión España para subrayarla trascendencia de la aprobación mayoritaria, esta semana, por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, del proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Lo sucedido este martes supone un paso fundamental en el trámite parlamentario para la sustancial modificación de la legislación civil y procesal que pretende el proyecto, de forma que ahora solo queda la última revisión del texto en el Senado, para que el actual proyecto pase a ser aprobado como ley y se produzca su entrada en vigor.
Esta reforma acabará con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre las que, actualmente, la ley prevé figuras de sustitución en la toma de decisiones contrarias a la Constitución española y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las tres organizaciones destacan el cambio que va a suponer en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo esta reforma, en especial en lo que atañe al Código Civil. Y destacan que el nuevo texto asume muchas de las aportaciones realizadas por las entidades de discapacidad, como las presentadas por Plena inclusión y la AEFT exigiendo no solo la desaparición de la incapacitación judicial y la sustitución en la toma de decisiones, sino también la prohibición de que entidades prestadoras de otros servicios sean las que apoyen en la toma de decisiones a las personas con discapacidad. De este modo se evitan posibles conflictos de intereses, o promoviendo la creación de figuras de apoyo graduadas en función de las necesidades de cada persona.
A la espera de conocer los términos precisos del Proyecto de Ley a su paso por el Congreso, una vez haya sido debatido y aprobado en la Cámara Alta, Plena inclusión y la AEFT han explicado: “Lo central en esta reforma es el reconocimiento de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, una reivindicación conjunta en la que no solo estamos la AEFT o Plena inclusión, también la han impulsado entidades como el CERMI y otras muchas dentro del ámbito de la discapacidad”, destacan tanto en AEFT como en Plena inclusión cuando se refieren a este gran paso que podría compararse al conseguido en 2018, cuando tras la reforma de la Ley Electoral, más de 100.000 personas incapacitadas judicialmente recuperaron su derecho al voto.
“Este nuevo enfoque marca un antes y un después en el respeto nuestra voluntad y preferencias, así como de cara al fomento de la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad, frente a la situación anterior en la que se sustituía nuestra toma de decisiones”, afirma Cristina Paredero, activista con TEA y representante de la Junta Directiva de Plena inclusión que ha estado presente hoy en el Congreso.