Este contenido está en lectura fácil.La convocatoria anticipada de elecciones paraliza el anteproyecto de reforma del Código Civil en materia de discapacidad
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Zaragoza, 28 de febrero de 2019. Una consecuencia de la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones generales ha sido la paralización de la tramitación del anteproyecto de ley que se proponía la para la adecuación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los criterios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte del ordenamiento jurídico español desde 2008.
Este frenazo al itinerario legislativo del anteproyecto mantiene la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas con discapacidad intelectual que se enfrentan a procesos de incapacitación, en los que coexisten el actual Código Civil y la citada Convención, dos textos jurídicos que afrontan la prestación de apoyos desde visiones opuestas.
El texto elaborado por la Comisión General de Codificación para la reforma supondría un cambio sustancial que permitiría una modificación de gran calado en el Código Civil, acabando con la visión paternalista de la discapacidad que establece el texto vigente y que responde a un modelo médico obsoleto, que justifica legalmente el actual proceso de incapacitación, así como la aplicación de modelos de sustitución o representación mediante la tutela, que han sido claramente censurados por el Comité Internacional de Derechos encargado de la aplicación de la citada Convención.
Esta propuesta, -que ya había comenzado su andadura prelegislativa a falta del informe preceptivo y último del Consejo de Estado- planteaba la desaparición de la tutela en el caso de personas adultas y establecía una serie de medidas de apoyo que se adaptarían a las necesidades de cada persona con discapacidad facilitando la determinación de apoyos más o menos intensos, temporales o permanentes, en función de esas necesidades, tal y como advierte la Convención.
Plena inclusión, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y el Cermi han participado activamente en la realización de propuestas para que el nuevo texto se adecúe al modelo que defienden desde las entidades. Buena parte de ellas fueron incorporadas, facilitando la existencia de un texto final alineado con las reivindicaciones del sector de la discapacidad.
La trayectoria de este anteproyecto, nacido con el anterior Gobierno, que encargó los trabajos a la Comisión General de Codificación, así como los contactos sostenidos con las fuerzas políticas, permitían pensar que, posiblemente, no encontraría demasiadas dificultades en su proceso parlamentario y podría obtener los apoyos de los diferentes partidos.
Ahora cabe esperar que el próximo Gobierno lo retome e inicie su tramitación parlamentaria, puesto que las personas con discapacidad continúan esperando esta necesaria adaptación legal y la modernización del texto vigente, que resulta obsoleto y choca frontalmente con el modelo que establece la Convención, que parte de una consideración social de la discapacidad en sintonía con la que defiende el movimiento asociativo de la discapacidad.