Este contenido está en lectura fácil.La palabra "disminuido" desaparecerá de la Constitución para referirse a las personas con discapacidad
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España reformará su Constitución para eliminar el término disminuido de su articulado, cuando hace referencia a las personas con discapacidad. Así lo anunció este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras. Calvo aseguró que el Ejecutivo tiene previsto acometer esta reforma constitucional antes de que acabe el presente año, lo que permitirá actualizar la definición de este colectivo en el artículo 49 de la Carta Magna, que pasará a denominarse como personas con discapacidad.
La utilización de la palabra disminuidos para referirse a las personas con discapacidad es propia de los años 70 del siglo pasado, una expresión incompatible con la actual concepción de este colectivo, cristalizada en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que España suscribió e incorporó a su legislación nacional.
La Comisión de Políticas para la Discapacidad del Congreso de los Diputados ya acordó esta reforma en el año 2018, pero su tramitación se vio paralizada tras la convocatoria de elecciones de elecciones generales para el 28 de abril de 2019. Entonces, el objetivo de la comisión era, además de acometer el cambio de nomenclatura, incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo. Este compromiso fue una respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del que forma parte el movimiento asociativo de Plena inclusión.
El nuevo texto propuesto en el año 2018 para el artículo 49 de la Constitución quedó acordado de esta manera: “1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación; 2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad; 3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes; 4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
Ahora, el Gobierno retoma aquella iniciativa, y tiene previsto comenzar cuanto anes su tramitación parlamentaria. Será la primera reforma de calado social en los 42 años de vigencia de la Carta Magna.
Plena inclusión Aragón celebra esta actualización constitucional, pues la considera una avance social que allana el camino a la inclusión real de las personas con discapacidad, las dignifica como colectivo y las consagra como depositarias de unos derechos específicos.