Este contenido está en lectura fácil.Las entidades piden apoyo económico a la Administración para afrontar los sobrecostes derivados de la covid-19
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- Las medidas de prevención frente al coronavirus disparan el precio de cada plaza en centros de las organizaciones de Plena inclusión Aragón, que ofrecen unos servicios que resultan esenciales para las personas con discapacidad intelectual y sus familias
- En la vípera del Día de las Personas con Discapacidad, Plena inclusión Aragón reivindica que la actual crisis debería convertirse en una oportunidad para dar un giro al modelo de apoyos al que este colectivo tiene derecho, según la ley
Zaragoza 2/12/2020. La pandemia de la covid-19 está teniendo un impacto muy importante en la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias por las medidas tan restrictivas que se vienen aplicando desde el pasado mes de marzo en los centros que les prestan servicios. “Aunque se ha avanzado mucho en la flexibilización de estas restricciones, todavía queda mucho camino por recorrer para la recuperación de los derechos y libertades de las personas usuarias. Unas no pueden todavía asistir, y otras lo hacen, pero de manera intermitente”, señala Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón.
Estos servicios se están prestando en precario, pese a que son recursos atencionales especializados (fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia…) fundamentales para las personas con discapacidad. Y, en muchos casos, el único medio con el que cuentan para relacionarse con la sociedad, más allá de su entorno familiar.
“Lamentablemente, esta merma de derechos sobrevenida con la pandemia no hace sino evidenciar las desigualdades que las personas con discapacidad intelectual y sus familias venían arrastrando desde hace tiempo”, valora Villanueva. “La crisis sanitaria solo las ha ahondado”.
En las 40 entidades que conforman el movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón se entiende la necesidad de aplicar de medidas de control del virus. De hecho, lo están haciendo desde antes incluso de la declaración del primer estado de alarma. Pero también constatan que dichas medidas están afectando más a este colectivo y sus familias que la propia covid-19.
Las que con mayor intensidad las están sufriendo son aquellas personas que viven en residencias, sometidas a medidas mucho más restrictivas que el resto de la población. El impacto emocional de no poder recibir la visita de sus familiares está siendo mayúsculo. A ello hay que añadir que estas personas tienen, en muchos casos, asociados a su discapacidad, problemas de comportamiento o para controlar sus impulsos. “Y las medidas adoptadas desde marzo no han hecho sino desestabilizarles más”, apostilla el presidente de esta federación de entidades sin ánimo de lucro.
Las residencias y centros de servicios de Plena inclusión Aragón se han sometido a estrictos protocolos de seguridad que han transformado su día a día. Se han establecido itinerarios alternativos, se han sectorializado zonas, diseñado grupos burbuja y reorganizado turnos y espacios, sin ayuda ninguna, con el sobrecoste que ello ha supuesto.
Las entidades no han escatimado esfuerzos para adaptarse a la situación porque es fundamental para estas personas que se mantengan los servicios a los que tienen derecho. Pero no es posible mantener los grupos burbuja y separar equipos para atender a residentes y usuarios de día sin aumentar las ratios de personal.
Sin embargo, si, antes de marzo, los conciertos con la Administración ya no cubrían el coste real de las plazas, ahora estos no alcanzan ni de lejos. Y, entre tanto, muchas empresas que apoyaban a estos centros a través de sus programas de responsabilidad social han tenido que cerrar el grifo, pues no atraviesan su mejor momento.
Por todo ello, desde el movimiento asociativo de las entidades que trabajan para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, se solicita a las administraciones públicas que hagan un mayor esfuerzo económico de apoyo a estas organizaciones del tercer sector, que están asumiendo unos elevados sobrecostes para hacer frente a las medidas de prevención de la covid-19. Sus ingresos siguen siendo los mismos que antes de la pandemia, si no menos, pero los gastos se han incrementado entre un 20 y un 25%.
De no recibir dicho apoyo, la sostenibilidad de estas entidades estará en serio peligro. Si tienen que cerrar, con ellas se perderán los servicios a los que estas personas tienen derecho, según la legislación aragonesa en materia de servicios sociales.
Quizás sea el momento de convertir esta crisis en una oportunidad para dar un giro al modelo de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Apoyos que, durante esta pandemia, se han demostrado esenciales e irrenunciables. Pero también manifiestamente mejorables. De hecho, “en el movimiento de Plena inclusión llevamos años trabajando en procesos de transformación del modelo residencial por otros de vivienda en comunidad”, sostiene Villanueva.
“Debemos acelerar estos procesos de transformación”, continúa. “Es necesario un cambio de cultura, un cambio de poder hacia los individuos, reconociéndolos como ciudadanos con derecho a llevar una vida activa en la comunidad y a vivir en sus propios hogares”.
En definitiva, “es hora de un enfoque centrado en los derechos y la autodeterminación para reforzar la autonomía personal frente a la dependencia”, concluye Santiago Villanueva.