Plena inclusión España denunciará al Defensor del Pueblo la instrucción discriminatoria de la Junta Electoral Central
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La confederación, a la que pertenecen más de 40 organizaciones aragonesas a través de Plena inclusión Aragón, ha enviado una carta a ambos organismos reclamando que modifiquen una directriz que estigmatiza al colectivo |
Las federaciones autonómicas del movimiento asociativo de Plena inclusión han organizado esta semana más de medio centenar de actos por toda España para reivindicar la plena ciudadania de las personas con discapacidad intelectual, incluyendo su recuperado derecho al voto |
Zaragoza, 29 de marzo de 2019. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y las organizaciones que les apoyan, exigen el fin de la discriminación al votar y procesos electorales fáciles de entender. Por este motivo, Plena inclusión, un movimiento asociativo que agrupa a 900 entidades de todo el Estado que trabajan para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ha organizado acciones reivindicativas en casi 50 localidades españolas a lo largo de esta semana.
En el caso de Aragón, la federación autonómica celebró el pasado miércoles un simulacro electoral para que las personas con discapacidad intelectual ensayasen su participación el los comicios del 28 de abril, tras haber recuperado su derecho al voto con la reforma de la ley electoral que entró en vigor el pasado mes de diciembre. Tras este simulacro, las candidaturas aragonesas que actualmente tienen representación parlamentaria en el Congreso y el Senado expusieron sus programas electorales al colectivo, en un acto celebrado en el Auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
En el acto estatal, celebrado este jueves en Madrid, Plena inclusión España volvió a sancionar por discriminatoria la instrucción de la Junta Electoral Central –que invita a los partidos políticos a apuntar el DNI de las personas con discapacidad que crean que no votan libremente- y anunció que acudirá al Defensor del Pueblo, al que ya ha enviado una carta oficial.