El Gobierno va a cambiar
la Ley de Dependencia.
Es una ley que trata sobre
cómo cuidar a las personas
que más ayuda necesitan
porque tienen discapacidad,
por una enfermedad o por ser mayores,
por ejemplo.
Plena inclusión pide que el cambio
tenga en cuenta que hay que buscar
que todas las personas puedan tener
la oportunidad de vivir en la comunidad.
Es decir, en pisos y casas con personas
con y sin discapacidad.
Plena inclusión también pide:
- Acabar con las listas de espera.
- Reducir el copago para las familias
y personas con discapacidad intelectual. - Dar ayudas que permitan ser independiente
y vivir en comunidad,
no en instituciones. - Que las personas que la necesiten
puedan pedir asistencia personal.
Nuevo plan estratégico
Justo ayer Plena inclusión aprobó
su plan estratégico número 6
que durará hasta el año 2030.
El plan tiene 11 retos.
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- La confederación estatal demanda: eliminar las listas de espera, acabar con el copago, promover la figura del asistente personal o avanzar en estrategias de desinstitucionalización
- Plena inclusión acaba de aprobar su 6º Plan Estratégico que está centrado en ampliar los apoyos para promover la vida en comunidad para miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral y otras)
La adaptación al nuevo modelo de cuidados de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como la Ley de Dependencia, anunciada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, debería apostar por estrategias y proyectos que primen apoyos en la comunidad y la vida independiente. Esta es una de las líneas maestras del nuevo Plan Estratégico de Plena inclusión España, una confederación de 950 asociaciones (38 de ellas en Aragón) que gestiona 4.000 centros y servicios desde los que se da apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en toda España.
La Junta Directiva de Plena inclusión acaba de aprobar en una Asamblea extraordinaria el
6º Plan Estratégico 2024-2030, que se nutre de la ponencia marco ‘Ganamos en Comunidad’. Este documento, elaborado a partir de más de 11.000 opiniones de integrantes del movimiento asociativo, dibuja cuáles van a ser las líneas maestras de la acción que desplegará esta organización en los próximos años en pueblos y ciudades de todo el Estado.
Desde Plena inclusión se insiste en que este compromiso con la lucha por los derechos de ciudadanía plena y de mejora de calidad de vida para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down, entre otros) que residen hoy en día en España, debe contar con una mejora sustancial en la cobertura que ofrecen las administraciones públicas. Y para lograrlo, esta organización de referencia en el Tercer Sector solicita que la reforma de la Ley de Dependencia contemple:
- Eliminación de las listas de espera.
- Reducción del copago para las familias y personas con discapacidad intelectual.
- Asegurar nuevas prestaciones que permitan la extensión de la vida independiente y en comunidad y el avance de la desinstitucionalización.
- Proveer de nuevos recursos destinados a financiar y extender el modelo de asistencia personal.
La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, ha explicado que nuestra sociedad vive una etapa de cambios sustanciales en los modelos de atención a los colectivos más vulnerables. “Somos conscientes de que el modelo futuro de apoyos a las personas con discapacidad debe contemplar una realidad en la que priman las relaciones de interdependencia y donde cada día crece más el valor de la comunidad como pilar sobre el que construir nuevas redes de solidaridad ciudadana”.
En esta línea se enmarcan los 11 retos de futuro que señala el Plan Estratégico de Plena inclusión. Garantizar organizaciones sostenibles, la necesaria personalización de los cuidados, extender el coliderazgo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, trabajar por la igualdad de género en todos los ámbitos, defender los derechos de las familias y no olvidar a las personas con más necesidades de apoyo, son algunos de los irrenunciables de una hoja de ruta que marca el camino de la organización hasta 2030.