Este contenido está en lectura fácil.Plena inclusión lamenta que el IMV no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable
Este contenido NO está adaptado a Lectura Fácil
- La Ley del Ingreso Mínimo Vital debería reconocer a estas personas como ‘unidad de convivencia especial’ y convertirse en incentivo para su acceso al empleo
- Una de cada tres personas que está en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad, una cifra siete puntos superior al resto de la población (según la Tasa AROPE)
Tras el análisis del texto legislativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno en la tarde del pasado viernes, Plena inclusión España lamenta que este mecanismo de protección social no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable. “Existe una relación directa entre discapacidad y pobreza por la que debería considerarse a este colectivo entre los especialmente vulnerables”, afirma Plena inclusión, y lo sostiene con evidencias: una de cada tres personas en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad, una cifra siete veces superior al resto de la población, de acuerdo a la Tasa AROPE.
La confederación, que agrupa a 935 asociaciones (42 en Aragón) que atienden desde 4.000 centros y servicios a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de todo el país, constata que la Ley de IMV no recoge las propuestas de las personas y las familias manifestadas por Plena inclusion al Gobierno de Pedro Sánchez. Dichas propueestas se documentan, por ejemplo, con el dato de que la privación material severa de las personas con discapacidad es un 3.4% superior a las de las personas sin discapacidad.
Plena inclusión había solicitado la consideración para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como ‘unidad de convivencia’ independiente de su grupo familiar. Su presidente, Santiago López, remarca la relevancia de esta falta de reconocimiento: “Resulta fundamental que sean ‘unidad de convivencia especial’ porque de lo contrario su situación de pobreza quedaría enmascarada por la suma de los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de cara a las ayudas”. Estas personas se ven obligadas a permanecer en el entorno familiar por falta de ingresos. “Y esa situación les condena a una dependencia perpetua de sus familias, algo que hemos transmitido al Gobierno en repetidas ocasiones”, sugiere López.
En las propuestas presentadas al Gobierno, tanto al Ministerio de Inclusión como al de Derechos Sociales y Agenda 2030, Plena inclusión solicitaba, en línea con la Plataforma CERMI, alguna medida que compensara los sobrecostes añadidos generados por la atención a una situación de discapacidad, en la línea del “complemento de monoparentalidad“, que sí recoge la ley.
También proponía al Ejecutivo fortalecer el Ingreso Mínimo Vital como un incentivador del empleo para personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, definición recogida en el Real Decreto de Empleo con Apoyo, de 2007, que incluye a “personas con parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad intelectual en un grado igual o superior al 33%; y físico o sensorial en un grado igual o superior al 65%”. En este ámbito, la Ley del IMV parece dejar una puerta abierta a posteriores reglamentaciones.
En Plena inclusión preocupa la eliminación de la prestación de hijo a cargo para familias con hijos con una discapacidad inferior al 33%. “Esa medida supone reducir prestaciones para un grupo importante de familias, siendo además dicha frontera del 33%, una realidad dinámica y en ocasiones de dudosa fiabilidad”, recalca Santiago López.
Por otro lado, el Gobierno ha ignorado las recomendaciones que le trasladó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tras el último examen a nuestro país, realizado en 2019, en el que se pedía al Estado que velase por que la estrategia nacional de reducción de la pobreza incorpore una perspectiva de discapacidad que contemple medidas específicas y una partida presupuestaria concreta.