Plena inclusión reivindica que el Gobierno dote a la Estrategia Estatal de Cuidados con recursos para garantizar la vida independiente y en comunidad

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El movimiento asociativo de Plena inclusión aplaude la aprobación de la Estrategia Estatal de Cuidados en el Consejo de Ministros de hoy. Para la confederación estatal, que agrupa a más de 950 asociaciones que defienden los derechos de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, 38 de ellas en Aragón, se trata de un cambio de paradigma en favor de transformar los sistemas de apoyo y cuidado que se ofrecen a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión.

“El cambio que se propone hacia un nuevo modelo de cuidados implica también reformar la Ley de Dependencia, garantizando la continuidad de proyectos que ponen en el centro la vida independiente y los apoyos en la comunidad a las personas con discapacidad intelectual”, ha defendido Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión. “Nos preocupa la fragilidad de la financiación y la rigidez normativa, porque se convierten en obstáculos para un proceso transformador que se enmarca en mandatos internacionales como la Estrategia Europea de Cuidados de larga duración”, añade.

Desde la confederación, que presta apoyos a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a través de 4.000 centros y servicios extendidos por todo el país, se recuerda que avanzar en estrategias de desinstitucionalización también supone garantizar la financiación de proyectos como ‘Mi Casa: una vida en comunidad’, una experiencia exitosa de pisos de vida independiente y en comunidad para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, o promover perfiles profesionales, como los de la asistencia personal.

En la comunidad aragonesa, Plena inclusión Aragón coordina el proyecto ‘Mi Casa: una vida en comunidad’, ejecutado por cuatro de sus entidades miembro: Atadi, en Andorra y Teruel; Valentia, en Barbastro y Monzón; y la Fundación Cedes y Kairós, en Zaragoza capital. En total, 26 aragoneses con discapacidad intelectual y/o del desarrollo están participando en esta experiencia piloto de viviendas en comunidad con apoyos, que pretende superar el modelo de cuidados de larga duración mayoritario en este país, que tradicionalmente ha optado por la institucionalización de estas personas en residencias. En este nuevo modelo, las personas siguen recibiendo los apoyos que necesitan, pero viven en pisos ordinarios, integrados en la comunidad, como un vecino o vecina más, y cuentan con el respaldo de nuevas figuras, como los conectores comunitarios, que son su nexo con el vecindario y los recursos del barrio.

El movimiento asociativo insiste en que uno de los retos estratégicos que encara desde hace una década Plena inclusión, cuando se embarcó en un proceso generalizado de transformación en sus entidades, reside en asegurar que el proyecto de vida de cada persona esté conectado con su entorno social de referencia. La confederación estatal aboga por que el derecho básico a una vida digna, elegida y en el contexto al que cada persona pertenece, cuente con los apoyos necesarios. Y también subraya que la desinstitucionalización y este nuevo modelo de apoyos permiten avanzar en el mandato constitucional recogido en la reciente reforma del artículo 49 de la Carta Magna.

Interdependencia y vida en comunidad

Para las cerca de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down, entre otros) que residen hoy en España, siguen estando vigentes los principios defendidos en la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado internacional, que España ratificó en 2007, marca en su artículo 19 como horizonte irrenunciable la defensa del derecho de todas estas personas a vivir de forma independiente, en un contexto de interdependencia y participando del día a día de sus barrios y pueblos.