Las personas con discapacidad intelectual
tienen serios problemas
para conseguir
un puesto de trabajo.
Por eso en 2011 una ley
obligó a las administraciones
públicas a reservar un 2 por ciento
de sus plazas para personas
con discapacidad intelectual.
Plena inclusión ha iniciado
una campaña para que los
ayuntamientos y diputaciones
respeten esta ley y creen más
puestos de trabajo para las
personas con discapacidad.
Entidades de Plena inclusión
se están reuniendo con
representantes de estos
ayuntamientos para firmar
acuerdos que faciliten
la contratación de más
personas con
discapacidad intelectual.
Y a esta campaña se une
la federación que agrupa a
todos los ayuntamientos y
diputaciones que se llama
FEMP.
¿Por qué el 2 por ciento?
En el año 2011 las organizaciones
que defienden los derechos de las
personas con discapacidad lograron
que se incluyera en la Ley General
de Discapacidad una discriminación
positiva que favorezca el empleo
de las personas con discapacidad
intelectual.
Esta propuesta la lideró el CERMI
que es la plataforma que
agrupa a las principales
organizaciones de la discapacidad
de España.
Así se reconocía que estas personas
tienen más dificultades que el resto
para acceder a las oposiciones
que son las pruebas que permiten
conseguir un empleo público.
Un 60 por ciento de paro
Según publicaciones recientes
un 60 por ciento de las
personas con discapacidad
intelectual están en paro.
Tener un empleo resulta
fundamental para que
cualquier persona
pueda lograr una vida
independiente.
Por eso es tan importante
crear más empleos públicos.
Este contenido está en lectura fácil.Plena inclusión y la FEMP se unen para que los ayuntamientos reserven un 2% de sus empleos a personas con discapacidad intelectual
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- Asociaciones que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo están proponiendo convenios en consistorios y diputaciones para aumentar la inclusión laboral en empleos públicos
- Según Aedis, el 60% de las personas con discapacidad intelectual están desempleadas
Zaragoza, 5 de noviembre de 2021.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha tomado la decisión de adherirse a la campaña en favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual que movimiento asociativo de Plena inclusión promueve entre ayuntamientos, comarcas y diputaciones de todo el país. Esta acción, que conecta con la obligación normativa (fijada en la Ley General de Discapacidad) que tienen las administraciones públicas respecto a la reserva de un 2% de sus plazas para empleos de personas con discapacidad intelectual.
Plena inclusión, confederación que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo -síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral- y sus familias, 40 de ellas en Aragón, trabaja desde hace años para extender el compromiso de estas instituciones públicas locales con la inclusión laboral de miles de personas con discapacidad intelectual.
La campaña de sensibilización, que recibe el nombre de ‘¡Epa! Empleo Público Accesible’ y que tiene por eslogan «El 2% es de ley”, está difundiéndose durante el mes de noviembre en redes sociales. Asimismo, esta acción busca que ayuntamientos de todo el país firmen convenios con asociaciones de Plena inclusión para garantizar la reserva de esa subcuota de reserva de empleo público para miles de personas con discapacidad.
¿POR QUÉ UNA SUBCUOTA?
El CERMI logró incorporar en 2011 esta discriminación positiva del 2% para garantizar una mayor equidad en el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público. De este modo se reconocía que las personas con discapacidad intelectual partían de una situación objetiva de desventaja, en el acceso a oposiciones y empleo público, respecto al resto de las personas.
“Mediante esta adhesión, la FEMP desea promover el empleo público accesible para las personas con discapacidad intelectual en el mayor número de Administraciones públicas o empleadores públicos”, se ha defendido desde la plataforma que agrupa a cerca de 7.500 gobiernos locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares) de todo el país.
Publicaciones recientes de la Asociación Empresarial de la Discpacidad (Aedis), que es la patronal de los centros especiales de empleo para personas con discapacidad, afirman que más del 60% de las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar se encuentra en situación de desempleo. Si se pasa a cifras más concretas, podría decirse que 50.000 personas con discapacidad intelectual están en la actualidad en el paro.
“Si conseguimos como país aumentar las opciones laborables para miles de personas con discapacidad intelectual, estaremos favoreciendo su camino a una vida independiente, algo que conecta con lo recogido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”, se explica desde Plena inclusión España.