Este contenido está en lectura fácil.Un estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España identifica que un 47% están por debajo del umbral de la pobreza
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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) publica su tercer Estudio sobre la situación de la tutela en España, entre los años 2015 y 2019, que profundiza en el perfil de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas, así como evidencia el nivel de reconocimiento y cobertura pública de los servicios que prestan las fundaciones tutelares que las apoyan.
Este estudio, en el que participaron las fundaciones tutelares de la red de la AEFT (entre ellas la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa), hace una radiografía de la población apoyada por estas entidades y concluye, entre otras cuestiones, que el 47% se encuentra por debajo del umbral de la pobreza o en situación de pobreza relativa, lo que dificulta aún más el acceso a derechos recogidos en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, como el de elegir su lugar de residencia, contar con los apoyos que precisen para ello y ser, así, parte de la comunidad en igualdad de condiciones que los demás. En el caso de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, esto supone un 17,65% sobre el total.
Otro de los datos que destacan en el estudio, y que resultan preocupantes, es que, “pese a que una amplia mayoría está en centros especiales de empleo y que ha habido un aumento del porcentaje de personas que cuentan con un empleo ordinario, vemos cómo un 15% de las personas que apoyamos no tiene ninguna ocupación”, destaca Irene Yepes, directora de la AEFT.
Por otro lado, y aunque se evidencia un incremento en el número de personas que viven de forma independiente, casi un 18% en el caso de aquellas apoyadas por la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, “la mayoría de las personas que apoyamos está institucionalizada. Esta situación puede responder a la falta o imposibilidad de acceso a otros recursos, a situaciones sobrevenidas o a una decisión tomada por la propia persona. Debemos indagar en el motivo y trabajar para ofrecer oportunidades a quienes desean vivir en otro tipo de hogar”, explica Yepes.
Asimismo, se recoge por primera vez en el estudio la cifra de personas apoyadas por estas entidades que ha sufrido situaciones de abuso o violencia, alcanzando un 10% de la población a nivel estatal, entre las que se encuentra la violencia de género, aunque en el caso de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa no se identificaron casos. “Esta situación ha motivado, entre otras, la creación de un Observatorio de Derechos para detectar casos de abuso o violencia y poder darles respuesta de manera eficaz entre toda la red”, explica la directora de la AEFT.
En el caso concreto de la Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa, por otro lado, sí resulta reseñable añadir que la cifra de personas apoyadas por la entidad mayores de 60 años supera el 40% del total. También cabe resaltar que un 17% precisa de apoyos extensos o generalizados en su día a día, algo que debe estar presente de cara a la cartera de servicios sociales, puesto que la financiación a través de subvenciones públicas es necesaria para mantener una estabilidad y asegurar que todas las personas puedan acceder a este servicio.
Como dato positivo, el estudio identifica un cambio de tendencia en el tipo de sentencias que se dictan en los procesos de modificación de la capacidad. En los últimos años, se observa en los nuevos cargos asumidos por las entidades, una disminución del número de tutelas frente a las curatelas, siendo estas últimas figuras más adaptadas a los apoyos y necesidades de las personas y, por tanto, más acordes con la Convención.
Por último, este estudio -el tercero que publica la AEFT, y el único que identifica el perfil de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con la capacidad modificada jurídicamente- pone el acento en la necesidad de seguir mejorando el reconocimiento y la cobertura pública de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica y de “poner en marcha mecanismos adecuados que garanticen el reconocimiento y la sostenibilidad de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, eliminando las diferencias existentes entre las comunidades autónomas, para evitar desigualdades para la ciudadanía en el acceso y garantía de estos servicio”, asevera Yepes. La directora la de AEFT concluye que durante este año, y a través del Observatorio de Derechos de la entidad, que se desarrolla, al igual que el estudio, gracias a la subvención con cargo al 0,7% del IRPF, “se sigue trabajando en la recopilación y análisis de la situación de las personas que apoyamos y sus entidades, al saber que esta se ha visto claramente afectada debido a la crisis generada por el covid-19”.
