Plena inclusión reclama superar las restricciones que impone el actual sistema público de Dependencia a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias

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• El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar, la semana que viene, el anteproyecto de reforma de las Leyes de Discapacidad y Dependencia para adaptarlas a lo señalado por la Reforma de la Constitución.

• Copagos abusivos, listas de espera interminables y una preocupante infrafinanciación de las asociaciones que apoyan a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, definen parte de la realidad del sistema de Dependencia en España.

Este próximo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de reforma la Ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia para adaptarlas a la reforma constitucional, tras la modificación del artículo 49 en febrero pasado. Ante esta iniciativa del Ejecutivo, que lleva reclamando el movimiento organizado de la discapacidad desde hace muchos años, Plena inclusión reivindica esta modificación como una oportunidad histórica que ayudaría a superar las restricciones impuestas a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

Así lo afirma Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España: “nos encontramos ante una oportunidad histórica para abordar una transformación profunda del sistema de atención a la dependencia que permita garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias”.

DEMANDAS DE PLENA INCLUSIÓN
Plena inclusión defiende que la reforma de la Ley de Dependencia, en lo que atañe a la discapacidad, debería recoger reivindicaciones históricas como:

• Reducir las listas de espera, especialmente en servicios comunitarios de vivienda, debido a la falta de pisos y casas adaptadas.
• Actualizar las carteras de servicios, que siguen siendo obsoletas y rígidas, sin responder a las necesidades reales de las personas.
• Fomentar nuevos roles profesionales, como el asistente personal o el conector comunitario, para facilitar la vida en comunidad, en lugar de en grandes residencias alejadas de los barrios y pueblos.
• Eliminar el copago confiscatorio, que ahoga económicamente a muchas familias, impidiéndoles tener una vida digna.
• Garantizar la libertad de elección de los apoyos que cada persona necesita, con un sistema más flexible.
• Prohibir los cambios forzosos de recursos para las personas con discapacidad al cumplir los 65 años.

Desde esta Confederación -que agrupa a 950 asociaciones de todo el Estado, casi 40 en Aragón, que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otras) y sus familias-, se recuerda la trascendencia de que la reforma legislativa vaya acompañada de presupuestos que aseguren la sostenibilidad de las entidades, con más inversión en tecnología de apoyo y en la transformación de la red de servicios. Por ello, exige un aumento de los presupuestos, tanto estatales como autonómicos, para hacer realidad estas reformas.

En este sentido, el Plan de choque de Dependencia debe reactivarse. “Nos preocupa el impacto de la ausencia de apoyos, o su baja intensidad, en el ejercicio de los derechos de estas personas y sus familias, así como en su calidad de vida”, explica la presidenta de la confederación.

Un ejemplo: el gasto por persona atendida se ha reducido notablemente. De acuerdo con los últimos datos del Observatorio de la Discapacidad, este gasto ha pasado de 8.145 euros en 2010, a 5.982 en 2024 lo que supone una reducción del 26,6%.
Y todo ello pese al aumento del coste de la vida.

Plena inclusión recuerda la necesidad de aprender de la pandemia y de apostar por soluciones innovadoras como el proyecto ‘Mi Casa: una vida en comunidad’, que ha demostrado que es posible ofrecer cuidados de calidad a personas con discapacidad intelectual y con grandes necesidades de apoyo en entornos comunitarios.