En Plena Inclusión Aragón llevamos mucho tiempo reclamando y alertando de la necesidad de ajustar la financiación de los apoyos y servicios de atención al colectivo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, que prestan las entidades, de forma concertada con la Administración. Solo así será posible asumir unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores y trabajadoras, a la altura de su compromiso y profesionalidad.
La diferencia salarial entre los miembros de la plantilla de una entidad social y los de un centro sanitario o educativo públicos es en la mayoría de los casos del 35%, una brecha salarial del todo injustificable, si se tiene en cuenta que se trata de los mismos perfiles profesionales y que realizan las mismas tareas.
El estancamiento de las condiciones laborales de los profesionales es fruto de más de una década de congelación de los conciertos de los precios/plaza, del incremento acumulado del coste de la vida en general, de la falta de respuesta ágil por parte de las administraciones públicas competentes frente a las subidas extraordinarias generadas por una inflación disparada y de los gastos que han debido asumir las entidades a consecuencia de la covid-19.
Últimamente se han aprobado algunos incrementos para intentar revertir la situación, pero que están lejos de satisfacer las necesidades y reivindicaciones del sector. Esta situación está provocando una fuga de talento impagable y grandes dificultades para realizar nuevas contrataciones, poniendo en peligro así la viabilidad, continuidad y calidad de la atención a las personas.
Desde Plena Inclusión Aragón, queremos hacer un llamamiento a las administraciones locales, comarcales y autonómicas competentes, y a las organizaciones sociales, patronales y sindicatos, para promover un pacto por la dignificación del sector.
Dicho pacto debería ir acompañado de un plan urgente de inversión, para avanzar en una hoja de ruta que promueva varias metas: alcanzar una convergencia de las condiciones laborales de las entidades sociales con los estándares públicos y un ajuste realista de los precios a los costes reales, que garantice la calidad de los servicios y la sostenibilidad de las entidades.
La situación está llegando al límite. Nuestras entidades sociales y sus profesionales ya no pueden aguantar más. Muchos de ellos deben renunciar a su vocación para poder tener un proyecto de vida digno. Por tanto, urge revertir esta situación y que se reconozca debidamente a los profesionales que se dejan la piel día a día para acompañar a las personas que más lo necesitan.