Desde Plena Inclusión Aragón, vemos con preocupación el proceso de deterioro de nuestra red de apoyos y el peligro de sostenibilidad de nuestras entidades por una situación mantenida en el tiempo. Se han reducido las inversiones para la creación de nuevos servicios y apoyos para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, mientras la precaria financiación de los ya existentes dificulta su mantenimiento.
A la vez, se exige a nuestras entidades que cumplan con rigor la normativa, sin que muchas veces dispongan de los recursos para hacerlo, mientras estas acusan la falta de una respuesta ágil por parte de las administraciones competentes frente a la inflación disparada en los últimos años. Y las medidas para compensar los sobreesfuerzos económicos que afrontan las familias de las personas con discapacidad, con enormes sacrificios, también son escasas.
Pero, de todos estos problemas, resulta especialmente grave la actual crisis de profesionales del sector de los apoyos y cuidados. Hay una pérdida de talento por su fuga a otros sectores, debida al bajo reconocimiento social del sector y a la precariedad y los bajos niveles de retribución que podemos ofrecer en este contexto.
El estancamiento de sus condiciones laborales es fruto de una falta de compromiso que ha llevado al límite a las entidades sociales, que llevan años denunciando la infrafinanciación de los servicios que prestan, muy por debajo de su coste real. Así no pueden asumir unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores, a la altura de su compromiso y profesionalidad.
La diferencia salarial entre los profesionales de una entidad de Plena Inclusión Aragón que presta servicios sociales, y los de un centro público o privado concertado en el ámbito de la salud o educación, supera más del 35%. Una brecha salarial del todo injustificable, pues hablamos de los mismos perfiles profesionales, y desarrollan las mismas tareas.
Urge un ajuste realista de los precios a los costes reales para garantizar la mejora de las condiciones laborales de nuestros profesionales, la sostenibilidad de nuestras entidades y la calidad de los servicios. Esta crisis pone en riesgo el elemento más importante de lo que en Plena Inclusión entendemos por calidad: la buena práctica profesional basada en la ética, el conocimiento, la empatía y calidad humana.
Somos optimistas, pues las últimas conversaciones con el Gobierno de Aragón apuntan hacia una voluntad compartida de revertir la situación. Esperamos que esa voluntad se transforme en una realidad. Unos profesionales de primera no se merecen menos.