El Justicia de Aragón es una figura emblemática. ¿Qué sintió cuando le ofrecieron el cargo?
Haber sido nombrada Justicia de Aragón es el mayor honor de mi vida. Supone un compromiso personal para abordar, con un enorme sentido de la responsabilidad, los problemas y cuestiones que nos plantean los ciudadanos, a los que la Institución se debe.
¿Ya se ha reunido con representantes de los aragoneses con discapacidad?
Sí, por supuesto. Para mí es una prioridad conocer a las personas con algún tipo de discapacidad, a sus familias y a las asociaciones que trabajan para mejorar sus condiciones de vida. He tenido encuentros con unas 50 entidades, conociendo sus inquietudes, sus problemas y sus aspiraciones, y en ellos estamos trabajando.
¿Cuáles son estas demandas?
Se han dictado, entre otras, varias sugerencias en materia de movilidad sobre taxis adaptados en Zaragoza, en las que solicitamos del Ayuntamiento una revisión de la flota actual al objeto de determinar si adecuada y suficiente para atender la demanda de personas con movilidad reducida. En otra se sugería la posibilidad de incrementar el importe de las ayudas económicas a los titulares de las licencias con el objeto de dar un servicio de taxi accesible y eficaz, así como reactivar la lista de espera que existe en la actualidad.
También se dictó sugerencia solicitando al Ayuntamiento de Zaragoza que valorase la instalación de dispositivos en el Auditorio de Zaragoza, en aras a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. Igualmente, hemos solicitado a diferentes ayuntamientos la conservación del pavimento urbano en buenas condiciones para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, o una anchura adecuada de las aceras.
De todas ellas daremos cuenta a las Cortes aragonesas en el informe anual que estamos elaborando.
La mejora de las condiciones en estos ámbitos, y en cualquier otro que suponga un obstáculo para las personas con algún tipo de discapacidad, es una preocupación muy importante para el Justicia de Aragón. No resulta posible efectuar una preferencia entre las numerosas necesidades que nos encontramos. Para cada persona, su problema es el más importante, y para el Justicia, son importantes los de todos, y a todos ellos debe atender con la misma diligencia.
¿Respaldaría usted la petición de Plena inclusión para incluir la figura del personal de apoyo en los juicios?
Todas las iniciativas que redunden en una mayor protección de las personas con discapacidad, y que atiendan a garantizar la igualdad, merecen el apoyo del Justicia de Aragón.
Hace ya 5 años que las personas con discapacidad intelectual incapacitadas recuperaron el derecho al voto. ¿Ha sido positivo en términos democráticos?
La participación política de los ciudadanos es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, cuyo ejercicio debe ser respetado y favorecido por parte de los poderes públicos. Desde una perspectiva democrática, la participación de las personas con discapacidad intelectual refuerza la idea de que la democracia debe ser lo más inclusiva posible. Esta medida está en línea con los compromisos internacionales asumidos por España, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y supuso la restitución de un derecho fundamental para más de 100.000 personas, garantizando el principio de igualdad ante la ley.
Dicha Convención considera la educación inclusiva como derecho. ¿Qué debería hacer Aragón para hacerlo efectivo?
Sobre la educación inclusiva tuve oportunidad de conversar con representantes de Down Huesca en una reunión muy enriquecedora. Tanto lo fue que, en las próximas Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se celebrarán en Aragón, organizadas por el Justicia de Aragón, y que llevarán por título ‘Vulnerabilidad en las aulas’, este tema estará sobre la mesa para su oportuno análisis y para que, entre todos, podamos obtener conclusiones en orden a las futuras sugerencias o recomendaciones que hagamos a las administraciones competentes.
¿Ha recibido alguna queja de familias de alumnos con discapacidad?
Sí, hemos recibido varias quejas por la falta de auxiliares de educación especial y hemos podido recibir personalmente a colectivos afectados. De hecho, formulamos una sugerencia dirigida al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades para que, a la mayor brevedad posible, se dote de los recursos económicos necesarios para garantizar la incorporación de estos profesionales tan necesarios en los centros educativos. Con el fin de que el problema no se repita cada comienzo del curso escolar, hemos sugerido que anualmente se produzcan las debidas previsiones presupuestarias y personales, para dar continuidad a este servicio tan esencial.
La institución del Justicia dedicó parte de los XXXIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés a la reforma del Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas. ¿Tanto interés despierta este asunto?
La Ley que en el año 2024 reformó el Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas fue aprobada por unanimidad por las Cortes Aragonesas. Esta ley, en coherencia con los compromisos establecidos en la Convención de Nueva York, mantiene que la igualdad y la dignidad son pilares fundamentales de una sociedad justa y sana. Igualmente, dice que el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas, también de quienes tienen discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ha sido un rasgo permanente del Derecho aragonés. Y tras ello, mantiene que hace ya tiempo que la manera de interactuar con las personas con discapacidad en el ámbito jurídico social está cambiando y que la ley supone “un paso más”. Se parte de la plena capacidad jurídica de toda persona, derivada de su dignidad como tal, y se respeta la voluntad que manifiesta quien entiende el contenido de un acto y sus efectos. Se añade que en el caso de que se carezca de estas facultades o se tengan limitadas, se reconoce en algunos momentos y situaciones y en su propio beneficio, la necesidad de protección o apoyo.
En cualquier caso, el objetivo de toda ley, más allá de sus esenciales postulados teóricos, es su utilidad y beneficio para la sociedad en general, y en particular para sus destinatarios directos, por lo que, partiendo de esta finalidad, los operadores jurídicos son los llamados a su aplicación y a hacer efectivos sus principios objetivos, labor para la que deberán tener en cuenta cada realidad, cada situación concreta, cada posible obstáculo que puedan encontrarse en la práctica.
¿Qué es lo que inquieta alrededor de esta reforma?
Hace ya unos meses, en el Justicia de Aragón tuvo lugar una reunión con Plena Inclusión, en la que la asociación nos planteaba una serie de inquietudes sobre algunos efectos prácticos de esta ley, en relación, fundamentalmente, a los problemas que podrían ocasionarse en el tráfico jurídico en orden a la acreditación de su condición, por parte de quienes realizan funciones de apoyo habitual o ejercen una guarda de hecho. Se pusieron sobre la mesa situaciones concretas en las que estos problemas podrían darse y, entre otras, se destacaban las gestiones cotidianas en entidades bancarias o en supuestos de atención sanitaria. Dicha cuestión fue trasladada por el Justicia de Aragón al Foro de Derecho Aragonés, en sesiones dirigidas al análisis y divulgación de la ley.
¿Quiénes componen este Foro?
El Justicia de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de San Jorge, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el Ilustre Colegio Oficial de la Abogacía de Huesca, el Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, el Ilustre Colegio Notarial de Aragón, el Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (Decanato Autonómico de Aragón), el Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.
¿Cuáles pueden ser los efectos colaterales no deseados de esta reforma?
En este momento, la Justicia de Aragón está a la espera de conocer los efectos prácticos de la ley tras su entrada en vigor y, para ello, ha trasladado su deseo de obtener información a algunos miembros de ese Foro. Igualmente, desde aquí invita a la asociación Plena Inclusión a una nueva reunión para obtener una información lo más ajustada posible sobre las incidencias que se pueden estar produciendo como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa.