Plena inclusión Aragón se ha unido al SOS lanzado por el movimiento asociativo de Plena inclusión para alertar de la crítica situación a la que se enfrenta el sector. “La amenaza de cierre sobrevuela como una realidad para asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”, advierte Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
Con el fin de dar la voz de alarma y sensibilizar a los responsables políticos y a la sociedad, Plena inclusión ha lanzado la campaña #SinRecursosNOhayCuidados. Esta acción pretende prolongarse hasta el próximo verano, y planta sus bases teóricas en el documento ‘Por un pacto de Estado para la dignificación del sector de los apoyos y los cuidados’.
La finalización del Plan Estatal de choque de la Dependencia, y la incertidumbre sobre la aprobación, tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de los del Gobierno de Aragón para 2025, generan un contexto poco esperanzador. Un escenario de ajuste presupuestario, y la pretensión del Gobierno central de fijar como prioridad la lucha contra el déficit, pueden suponer el abandono de la posibilidad de compensar la infrafinanciacion histórica de las entidades sociales.
También preocupa la práctica desaparición en los presupuestos autonómicos de las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros, tan frecuentes a principios de los 2000. Además, en 2025, las entidades deben asumir una subida salarial del 10%. Pese a ella, el sector seguirá sin contar con unas condiciones laborales dignas, y continuará la pérdida de talento por la fuga de unos profesionales que, pese a estar comprometidos con el proyecto social, se ven expulsados a otros empleos en busca de mejor remuneración.
Los precios plaza que, a través de conciertos o contratos, paga la Administración por los servicios que prestan las entidades, están entre un 25% y un 30% por debajo del coste real. Eso sí, aumentan las exigencias para su prestación.
“El comportamiento de las administraciones autonómicas, exceptuando algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación”, incide Galván. “Todo lo anteriormente mencionado supone un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias. Se precisa de manera urgente una estrategia sostenida de inversión social para apuntalar este cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy, desgraciadamente, se tambalea”.